El financista Juan Ignacio Suris, conocido por haber sido socio de Leonardo Fariña y por su relación sentimental con la vedette Mónica Farro, fue condenado a dos años de prisión por cohecho activo tras comprobarse que pagó sobornos para obtener beneficios mientras se encontraba detenido en una dependencia de la Policía Federal.
La sentencia fue dictada por el juez José María Escobar Cello, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, quien concluyó que el acusado accedió a múltiples privilegios a cambio de dinero durante su alojamiento en la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe.
Suris había sido arrestado en noviembre de 2023 en la ciudad de Esperanza, luego de una orden del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que previamente lo había condenado a ocho años de prisión por los delitos de asociación ilícita fiscal —en calidad de jefe— y comercio agravado de drogas.
Durante su estadía en la dependencia policial santafesina, el financista habría gozado de comodidades que no tenían otros detenidos. Según el fallo judicial, contaba con frigobar, equipo de música, aire acondicionado y hasta barras con pesas para entrenar.
Además, utilizaba con frecuencia el Casino de Oficiales, un espacio que no está destinado para el alojamiento de internos. Testimonios incorporados al expediente indicaron que también podía moverse con libertad dentro del edificio, recibir visitas sin controles estrictos y utilizar teléfonos celulares.
El nivel de influencia que había alcanzado dentro de la dependencia era tal que algunos agentes lo apodaban “el tercer comandante” o “tercer jefe”, según consta en la causa.
La investigación también derivó en condenas contra dos jefes policiales que estaban al frente del lugar cuando ocurrieron los hechos. El comisario Guillermo Gallo recibió dos años de prisión en suspenso, mientras que el subcomisario Leonardo Benítez fue condenado a tres años de prisión efectiva.
Ambos funcionarios fueron además inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos, ya que el tribunal consideró probado que permitieron el régimen privilegiado del detenido e impartieron órdenes contrarias a los reglamentos internos.
La causa se inició el 22 de enero de 2024, luego de una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, en la que se advertía que Suris entregaba grandes sumas de dinero —tanto en pesos como en dólares— a los jefes policiales para obtener beneficios dentro de la dependencia.
