Julio Iglesias inició una ofensiva judicial contra la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, luego de que lo señalara públicamente como “abusador sexual” en redes sociales y en una entrevista televisiva.
La acción presentada es una demanda de conciliación, paso previo obligatorio antes de interponer una querella por calumnias o injurias. En el escrito, al que accedió el diario El País, la defensa del artista —encabezada por el penalista José Antonio Choclán— solicita que la ministra se retracte, reconozca “el daño causado” y lo indemnice por los perjuicios ocasionados en función de la difusión de sus declaraciones.
El conflicto se originó tras un mensaje que Díaz publicó el 13 de enero en la red social Bluesky, donde aludió a “abusos sexuales” y a una supuesta “situación de esclavitud” vinculada al cantante, en referencia a testimonios de dos extrabajadoras que habían denunciado hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esa presentación fue archivada el 23 de enero por falta de competencia, sin que Iglesias adquiriera la condición de investigado.
Al día siguiente del mensaje, la vicepresidenta reiteró sus críticas en una entrevista en el programa La Hora de La 1, donde habló de “vulneraciones de derechos humanos” y describió al artista como “presunto agresor”. Según la defensa del músico, esas expresiones implicaron atribuir a las denunciantes la condición de víctimas de hechos “no acreditados”, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia.
En el escrito judicial, los abogados sostienen que cuando la presunta vulneración de la presunción de inocencia proviene de un alto cargo del Estado, el impacto sobre el honor y la reputación adquiere mayor gravedad. “Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso”, remarcan.
La defensa del artista también analiza otras posibles acciones, entre ellas determinar si pudo existir un delito de denuncia falsa. Para ello, solicitó a la Fiscalía acceso al contenido íntegro de las actuaciones previas al archivo.
Tras conocerse la demanda, Díaz publicó un nuevo mensaje en Bluesky en el que reafirmó su postura: “Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo”.
El caso abre un frente judicial con fuerte carga política y mediática en España, en medio del debate sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos y el derecho al honor de particulares.
