Lo que debía ser un aniversario de consolidación de derechos terminó convirtiéndose en una radiografía del colapso. Al cumplirse cinco años de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el acceso a la salud reproductiva en Argentina enfrenta su momento más crítico.
Un contundente informe de Amnistía Internacional encendió las alarmas: desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el sistema público dejó de garantizar lo básico. Según el organismo, se suspendió la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, las "drogas esenciales" para realizar los procedimientos de forma segura.
"Compralo vos": la odisea en los hospitales
El dato más alarmante del reporte es el impacto directo en las pacientes. En 2025, Amnistía recibió más de 400 denuncias por barreras en el acceso al aborto, una cifra que triplica los registros del año anterior. El patrón se repite en distintas provincias: mujeres que llegan al hospital público y reciben la respuesta de que "no hay medicación". En muchos casos, los profesionales les exigen comprar el misoprostol por su cuenta, algo que es ilegal y, para muchas, impagable.
Desmantelamiento y falta de anticonceptivos
El informe no solo apunta a la interrupción del embarazo, sino a la prevención. Se denuncia el desmantelamiento del Plan ENIA (Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), a pesar de que había demostrado reducir drásticamente los embarazos adolescentes. A esto se suma la falta de preservativos y anticonceptivos en las salitas y el silencio oficial: la línea 0800 de Salud Sexual casi no responde y no hay campañas de difusión.
El mundo mira a Argentina
Mientras se pierden los logros de los últimos años (donde se habían garantizado 245.000 abortos seguros y bajado la mortalidad materna), el país quedó bajo la lupa internacional. A principios de 2026, Argentina deberá rendir examen ante la ONU (Comité CEDAW). El gobierno tendrá que explicar por qué, en nombre de una "batalla cultural", se están vaciando programas que son ley vigente.
