Previo a la elección presidencial de 2023, el núcleo duro del voto a Javier Milei se cimentó en la promesa de dinamitar los privilegios de la política y exterminar la corrupción estatal. La motosierra no era solo un plan económico; era un imperativo moral. Sostener que este gobierno ha fracasado en su lucha anticorrupción no es un juicio subjetivo, sino una conclusión respaldada por la proliferación de causas judiciales que afectan directamente al entorno presidencial ya los escalafones más altos del gabinete.
Lo que cambió la percepción pública
El "Caso Adorni" y el enriquecimiento ilícito: La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, actúa como el golpe más letal a la credibilidad del discurso de austeridad. La Justicia ordenó levantar su secreto fiscal debido a inconsistencias entre sus ingresos y gastos de lujo, destacando la denuncia de un contratista que afirmó haber recibido $245.000 dólares en efectivo sin factura por refacciones en su vivienda. La ministra Sandra Pettovello fue imputada por malversación y administración fraudulenta. El conflicto estalló por el acopio de miles de toneladas de alimentos retenidos en galpones oficiales al borde del vencimiento, sumado a denuncias de contrataciones simuladas utilizadas para financiar sobresueldos a través de organismos internacionales.
Recientes auditorías dentro del Ministerio de Salud revelaron un entramado de corrupción con sobreprecios brutales en la adquisición de insumos ortopédicos, un hecho que dinamitó la idea de que los fondos de salud estaban siendo eficientizados.
El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso desvíos millonarios y sobreprecios de hasta el 4000% en compras directas, mientras que la estafa con criptomonedas vinculada a la causa "$LIBRA" rozó a figuras del oficialismo.
De acuerdo con mediciones publicadas por firmas internacionales como el Financial Times, la desaprobación de Milei escaló al 63%. Su imagen positiva se perforó hasta ubicarse en torno al 35.5%.
Históricamente, el votante libertario toleraba el ajuste económico a cambio de orden y transparencia. Las encuestas reflejan un viraje tectónico: la corrupción pasó de ser un problema marginal a convertirse en la principal preocupación para el 50.3% de los argentinos, superando incluso la angustia por la recesión y la caída del consumo.
La destrucción del contrato moral
El votante de Javier Milei firmó un contrato basado en la asimetría moral: "nosotros somos los honestos trabajando contra los saqueadores" . Al igualarse con las gestiones anteriores en el uso de sobresueldos, desvíos de fondos y contrataciones directas sospechosas, la administración libertaria destruye su principal activo: la diferenciación identitaria.
Dejaron de ser "lo nuevo" para convertirse en más de lo mismo.
El gobierno libertario incurrió exactamente en el mismo vicio que le criticaba al kirchnerismo o al macrismo: la defensa corporativa y la negación de la realidad. Cuando la Justicia avanza sobre figuras como Manuel Adorni o Sandra Pettovello, la respuesta de Milei no fue la transparencia ni el apartamento preventivo, sino el blindaje discursivo y la descalificación del periodismo de investigación. Este comportamiento transforma una promesa de campaña incumplida en una traición específica al electorado.
Al desfinanciar, vaciar o atacar políticamente a los organismos de control y auditoría, el gobierno creó un "viento a favor" para las irregularidades.El caso de los sobreprecios en el Ministerio de Salud o las cajas negras en Capital Humano prueban que la corrupción no dependía del tamaño del Estado, sino de la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos. La motosierra terminó cortando los cables de alarma del propio sistema estatal.
Para sostener la gobernabilidad, el oficialismo terminó adoptando las prácticas de la "casta" que prometió combatir.
El uso de contratos estatales para financiar voluntades políticas o el nombramiento de familiares y militantes en puestos clave (nepotismo estructural) demuestra que la administración libertaria sacrificó su bandera principal a cambio de pragmatismo y supervivencia en el poder.
La corrupción en la era libertaria no es una anomalía del sistema; es la prueba de que el poder seduce al relato mucho antes de que el relato pueda transformar al poder.
El Gobierno de Milei descubrió muy rápido que la 'motosierra' sirve para cortar presupuestos, pero es peligrosamente ciega a la hora de podar los vicios de la vieja política.
"No es una promesa postergada; es un fracaso fundacional porque vacía de contenido la única superioridad que el oficialismo reclamaba con soberbia: la superioridad moral.
El quiebre del "aguante social"
Al estallar causas de desvíos y enriquecimiento en el núcleo del poder (como las investigaciones sobre las propiedades de Manuel Adorni o las contrataciones de Sandra Pettovello), la asimetría del sacrificio se quiebra por completo.
Mientras el 90% de los consumidores argentinos se ve obligado a financiar sus compras básicas con tarjeta de crédito y el 56% afirma que su situación económica personal es peor que el año pasado, los funcionarios de la administración libertaria quedan expuestos disfrutando de lujos, sobresueldos y opacidad. El "aguante" social se agota cuando el ciudadano común descubre que el ajuste es para él y la impunidad es para el Gobierno. Este modelo dual exacerba el malestar. El crecimiento macroeconómico se concentra en sectores hiperespecializados con nulo derrame de empleo o salarios en los centros urbanos.
Si a una economía de consumo destruida le suma más la confirmación empírica de que la corrupción penetró en las estructuras gubernamentales, el resultado político es el desgaste acelerado que reflejan las encuestas de este mes, donde la desaprobación de la gestión de Milei ya escala al 63%-65% y más de la mitad de los argentinos (57.3%) supone que hay corrupción enquistada en el Ejecutivo. Y no parece Milei dispuesto a dar un golpe de timón.
