En la continuidad de las políticas públicas de desarrollo, el gobernador Elías Suárez visitó la obra de la Escuela N° 646 del barrio Villa Raquel de La Banda. El hecho, concreto y no simbólico, deja espacio para la reflexión sobre nuestra actualidad, a la luz de la historia reciente y frente al recurrente bombardeo mediático desde Buenos Aires con consignas que son, al menos, equívocas y malintencionadas, repetidas y replicadas por la vocería local de los mandamientos del centralismo.
"Santiago del Estero es una provincia inviable". La sentencia —atribuida en múltiples reconstrucciones políticas a Domingo Cavallo— no fue solo un exabrupto tecnocrático: funcionó como etiqueta cultural. No debate políticas públicas: sugiere que hay territorios que, por naturaleza, no merecen proyecto. La idea reaparece en momentos de crisis y, sobre todo, cuando el interior se sale del lugar asignado: El de la provincia que "recibe", "depende" y "agradece".
El punto no es arqueológico. La frase sigue citándose en el debate público santiagueño como síntesis de un trato: El centro decide qué regiones valen y cuáles sobran.
Ahora bien: que la frase exista no prueba nada por sí sola. Lo interesante es lo que habilita: Cuando una provincia es "inviable", cualquier estigmatización posterior encuentra pista libre. "Gasto irracional". "Obras para la foto". "Tierra de empleo público". Y así el debate deja de ser federalismo para volverse folklore político narrado desde Buenos Aires.
Lo que dice la Constitución (y lo que se practica)
La Constitución es brutalmente clara: La Argentina adopta una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Federal no es decorativo, significa que el país no se organiza como una ciudad y su periferia, sino como provincias con autonomía, competencias y legitimidad democrática.
Y hay un artículo que explica por qué el federalismo argentino suele ser una discusión de poder: el art. 75, inc. 2, que organiza el corazón fiscal del país. No solo declara coparticipables la mayoría de los tributos nacionales, sino que exige que la distribución sea equitativa, solidaria y que priorice "un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades" en todo el territorio nacional.
En criollo: Si el país es federal, la igualdad territorial no es un eslogan. Es un mandato.
Federalismo fiscal: cuando la plata viaja con peaje
La coparticipación es un campo minado: tributos, asignaciones específicas, excepciones, fondos, discrecionalidades. Pero incluso en el laberinto, hay un hecho duro: la disputa Nación–provincias se juega en quién recauda y quién decide. Informes técnicos vienen mostrando, desde distintos enfoques, cómo se distribuye efectivamente lo recaudado y cómo varía el peso relativo de Nación y provincias según el ciclo político y económico.
En ese marco, el "centralismo" no es solo cultural. Es administrativo, fiscal y mediático: Buenos Aires concentra sedes corporativas, productoras de noticias, influencers políticos, agenda pública y—sobre todo—la pretensión de definir qué es "prioritario" para el país.
La paradoja es que el mismo texto constitucional que ordena igualdad territorial convive con un sentido común que naturaliza que "el interior cuesta". De ahí a "inviable" hay un paso.
Si el centralismo discute con etiquetas, el interior responde con lo único que no se puede editorializar del todo: infraestructura, servicios, reformas y ejecución.
Infraestructura y posicionamiento
El Estadio Único Madre de Ciudades, inaugurado oficialmente el 4 de marzo de 2021, se volvió símbolo: para unos, orgullo y capacidad organizativa; para otros, "lujo" en provincia pobre. La fecha y el uso del estadio como sede de eventos nacionales están ampliamente documentados.
Y ahí aparece el mecanismo centralista: Una cobertura nacional puede subrayar el contraste "lujo vs. índices sociales" como relato dominante. Pero el dato bruto no desaparece: El estadio existe, se usa, tracciona economía de eventos y visibilidad, y expresa una decisión política que es poner a Santiago en el mapa logístico-deportivo del país.
Algo similar ocurre con el Autódromo de Termas de Río Hondo. Su remodelación e inversiones para estándares internacionales fue noticia nacional —y también objeto de críticas—, pero confirma que hubo estrategia de infraestructura orientada a turismo y economía regional.
Salud: expansión y equipamiento
En los últimos años hay registros oficiales de inauguraciones y ampliaciones hospitalarias, con detalle de superficies, servicios y equipamiento. Obras en hospitales zonales y ampliaciones en el Hospital Regional (maternidad) y el CePSI, por ejemplo.
Educación: Obra escolar y conectividad
En discurso de gestión y publicaciones institucionales se informan cifras concretas: Inauguración de nuevos edificios escolares y refacciones/intervenciones en cientos de establecimientos en un período anualizado.
El hecho material es verificable: hubo política sostenida de infraestructura educativa y conectividad como objetivo.
Justicia: Reforma procesal y fortalecimiento
Santiago del Estero implementó el sistema penal acusatorio (con inicio parcial y progresivo), abandonando esquemas inquisitivos omixtos; hay documentación jurídica que fija fechas y alcances iniciales.
En paralelo, la normativa del Ministerio Público provincial (autonomía funcional, integración) ofrece anclaje institucional del esquema.
Inclusión: Vivienda y política social
En el plano normativo y programático aparecen políticas vinculadas a vivienda rural y programas sociales (con referencias legales y sitios institucionales).
En síntesis: se puede estar a favor o en contra del oficialismo. Pero es difícil sostener "inviable" cuando hay continuidad de obras, reformas y ejecución. Y ahí se entiende el reflejo centralista: cuando la realidad complica el relato, el relato cambia de tema.
Relato vs. realidad: el lente porteño y la trampa de lo inviable
La discusión sobre calidad institucional es legítima y necesaria. El problema aparece cuando se usa como atajo: Se le pone a Santiago la etiqueta "inviable" para clausurar la conversación y evitar el núcleo federal: recursos, obras, desigualdad territorial histórica y capacidad estatal.
Un ejemplo clarísimo es cómo parte de la cobertura nacional construye el encuadre. Y esto expone el corazón del conflicto. Buenos Aires narra; el interior vive. Y si el interior no entra en la narrativa, se le ordena entrar por la fuerza del rótulo.
Acá aparece una línea fina pero decisiva. En democracia, la oposición cumple un rol vital: controla, audita, propone alternativas, denuncia con pruebas, arma equipos, compite.
El oposicionismo, en cambio, es otra cosa: no discute políticas públicas con evidencia, sino que importa marcos ajenos y se limita a amplificarlos. En la práctica, termina siendo "vocería" de una agenda que no siempre coincide con las prioridades locales (agua, caminos, escuelas, salud, producción, conectividad, justicia cercana).
Hay un episodio documentado que ilustra el mecanismo: en 2013, una crónica de La Nación relata un acto opositor donde se repartían fotocopias de una editorial nacional titulada "Santiago, otro feudo financiado desde la nación".
No hace falta teorizar demasiado: si tu argumento principal es una editorial de Buenos Aires repartida como volante, estás diciendo que tu legitimidad viene de "lo que se publica allá".
Eso desnuda una tensión real: Cuando el debate provincial se arma con marcos externos ("inviable", "lujo"), se discute menos cómo mejorar y más cómo desautorizar.
Intervenciones federales vs. democracia: La lección que no se aprende
La intervención federal de 2004 fue un hecho institucional mayor y grave con nulo poder de transformación. Está en la norma: Se declaró para "garantizar la forma republicana de gobierno" y normalizar poderes.
El problema es cuando, desde el centralismo mediático y político, la intervención se usa como nostalgia de tutela: "Cuando el interior se desordena, la Nación lo arregla". Esa idea es incompatible con el federalismo real, que no necesita tutor permanente, sino instituciones fuertes, controles, alternancia posible y capacidad de gestión.
El centralismo no siempre grita. A veces escribe. Editorializa. Etiqueta. Decide qué provincia es "seria" y cuál es "folklórica". Y cuando el interior responde con obra pública, reformas, infraestructura y presencia estatal, el centralismo cambia la pregunta: Ya no discute si la obra existe, sino si "merece" existir.
Santiago del Estero es un caso testigo porque condensa todas las tensiones del federalismo argentino: Una historia de desigualdad territorial, una intervención federal traumática y, luego, un ciclo prolongado de gobierno que construyó una narrativa propia basada en ejecución.
El debate democrático no debería ser si una provincia es "inviable", sino qué necesita el país para que ninguna lo sea: igualdad de oportunidades real, reglas claras, controles efectivos y un federalismo que se mida en kilómetros de rutas, aulas habilitadas, hospitales operativos y justicia que funcione; no en adjetivos nacidos a 1.000 kilómetros del problema.
Porque si el federalismo queda reducido a un discurso de ocasión, vuelve la lógica del rótulo. Y si vuelve el rótulo, vuelve la trampa: discutir identidades para no discutir lo que manda la Constitución: un país entero, no una capital con satélites.
