La reciente polémica en torno al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario ha revelado fisuras dentro del bloque del PRO, lo que subraya las tensiones entre la ideología fiscal y las demandas sociales. La decisión del diputado Álvaro González de votar en contra del veto, aun cuando su partido lo apoya, representa una postura interesante dentro de la coalición. González ha señalado que el gobierno de Javier Milei está "aferrado a un dogma" como el déficit cero, en lugar de buscar soluciones a problemas críticos como el financiamiento de la educación pública. Este comentario abre un debate crucial sobre las prioridades del Estado y el papel de la política en la resolución de cuestiones sociales.
El argumento de González, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, pone en evidencia el conflicto interno dentro del PRO. Mientras algunos miembros defienden a ultranza la necesidad de mantener el control fiscal y evitar medidas que aumenten el gasto público, otros abogan por un enfoque más flexible, que permita atender urgencias sociales sin perder de vista la sostenibilidad fiscal. La pregunta es: ¿es posible mantener ambas cosas?
El déficit cero es, sin duda, una meta económica importante, pero cuando se antepone a cuestiones sociales críticas como la educación, puede generar rechazo no solo dentro de la política, sino también en la sociedad. La masiva marcha universitaria en contra del veto presidencial demuestra que el acceso a una educación pública de calidad es una prioridad para gran parte de la ciudadanía. Como bien señaló González, el acceso al conocimiento es "una herramienta poderosa para los sectores más vulnerables, negarle a las universidades los fondos necesarios para funcionar de acuerdo con la inflación no solo afectaría a los estudiantes, sino también al futuro del país".
Por otro lado, la postura del gobierno de Milei se centra en mantener la estabilidad fiscal como principio rector de su gestión. El veto a la ley se explica, en términos económicos, como una necesidad de evitar un mayor gasto público en un contexto donde el país lucha por controlar el déficit. No obstante, esta estrategia ha sido criticada como un "dogma" que ignora la realidad de muchos sectores que requieren financiamiento inmediato para seguir funcionando. En este sentido, la idea de que el Congreso "debe dejar de votar proyectos demagógicos", como mencionó Alejandro Finocchiaro, es válida, pero no aborda la cuestión fundamental: ¿cómo equilibrar las cuentas sin sacrificar derechos fundamentales como la educación?
La división dentro del PRO también refleja una realidad política más amplia: el creciente desencanto con las políticas de ajuste severo, que suelen tener un alto costo social. Si bien mantener las finanzas públicas bajo control es esencial, hacerlo sin escuchar las demandas populares puede ser políticamente peligroso. La imagen de un gobierno inflexible, que antepone el equilibrio fiscal a las necesidades de la población, podría erosionar el apoyo social y generar un costo político considerable, algo que tanto el oficialismo como la oposición deben considerar.
¿Quién podrá liderar todo esto?, el aliado de Milei
El expresidente Mauricio Macri, líder del PRO, ha convocado a sus senadores y diputados para definir una postura común frente al veto, en un intento por unificar al bloque. Sin embargo, la división ya es evidente. Mientras algunos, como Carmen Álvarez Rivero, han ratificado su apoyo al veto presidencial, otros, como González, están dispuestos a romper filas. Esta diversidad de opiniones dentro del PRO pone de relieve la complejidad de los dilemas actuales en Argentina: un país que busca salir de la crisis económica sin abandonar su compromiso con derechos sociales básicos como la educación pública.
En resumen, el debate sobre el financiamiento universitario va mucho más allá de una cuestión fiscal. Es una batalla simbólica sobre el tipo de país que Argentina quiere ser: uno que prioriza la estabilidad macroeconómica por encima de todo, o uno que entiende que, en tiempos de crisis, es necesario buscar soluciones que incluyan a todos, especialmente a los más vulnerables. El PRO se enfrenta ahora a la tarea de reconciliar ambas visiones, y su capacidad para hacerlo podría definir su futuro político en un escenario cada vez más polarizado. La pregunta sería si esto es una estrategia de defender los valores y derechos sociales, o simple marketing para no seguir perdiendo popularidad, ya que como escribimos ayer, la perdida de la aprobación social es el principal enemigo de este Gobierno, y obviamente, de sus aliados.
