La denuncia recibida por el fiscal general Dr. Luis de la Rúa el pasado viernes, en la que se documentaría una millonaria estafa en perjuicio del Estado provincial en concepto de sobrefacturación de combustibles para los vehículos del Estado y que el alto funcionario judicial envió para su instrucción al equipo fiscal de la Dra. Érika Leguizamón, está blindada a las requisitorias de la prensa.
Funcionarios consultados alegan premura en las investigaciones para emitir preliminares opiniones sobre los hechos denunciados y la necesidad de analizar exhaustivamente lo aportado por la Oficina Anticorrupción, antes de diligenciar las primeras providencias judiciales. Lo cierto es que el hermetismo trasunta los muros del Ministerio Público Fiscal y se ha trasladado a todos los ámbitos que pudieran estar afectados por las maniobras que, de confirmarse, configurarían un escándalo multimillonario en perjuicio de las arcas públicas de la Provincia.
Desde el pasado lunes, insistentemente, el Multimedio ha intentado recabar la opinión de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Santiago del Estero en la persona de su presidente, Pedro Llorvandi, quien frecuentemente accedía a entrevistas.
No en este caso. El celular del responsable de la asociación que nuclea a las estaciones de servicio no responde a las llamadas de la prensa desde conocido el “affaire” que tiene en la mira a casi todos los expendedores de la Capital y algunos del interior.
¿Corporativismo? Se pudo saber que Tomás Abdala, quien desempeñó el cargo de Llorvandi entre 2004 y 2014 fue el primero en ser eximido de ir a prisión.
Pacto de silencio o no, la sociedad reclama explicaciones sensatas a lo que representa una gravísima denuncia en perjuicio de todos los ciudadanos, quienes con sus impuestos aportan a las arcas del Estado.
