En el transcurso de la jornada de ayer y en el marco de la causa que investiga una millonaria estafa en perjuicio del Estado provincial, a través de la sobrefacturación de combustibles, el fiscal de Estado —Dr. Raúl Abate— requirió la inhibición de los bienes de quienes están implicados en el supuesto “affaire”.
El funcionario provincial presentó una cautelar ante el Ministerio Público Fiscal, solicitando que se actúe con premura en el dictado de la medida, ya que el peligro en la demora es latente e innegable, por cuanto “los propietarios de estaciones de servicios involucrados pueden disponer de sus bienes”, remarca entre otros argumentos.
En cuanto a la procedencia de la medida cautelar requerida, Abate da cuenta de amplia doctrina y jurisprudencia para su favorable acogimiento.
Respecto de la contracautela que —por lo general— es exigida por la Justicia, el funcionario advierte que “el Estado Provincial se encuentra exento, de acuerdo al Art. 210 Inc. 1º del CPCC”.
Indica además que a los efectos de registrar la inhibición de bienes solicitada, se deben emitir oficios a los Registros General de la Propiedad Inmueble, Nacional de la Propiedad del Automotor y Público de Comercio, “en los supuestos de sociedades comerciales”.
Eximición de prisión
A pesar del hermetismo impuesto a la causa por la Fiscalía actuante, pudo saberse que se está analizando la eximición de prisión solicitada por uno de los implicados, sobre la cual deberá tratarse en una audiencia ante un juez de Control y Garantías, que decida si la concede o la rechaza.
