Trece personas que obtuvieron pensiones derivadas “truchas” sufrieron una ampliación de su procesamiento. Esta vez fue por extraer préstamos Argenta a partir de ser beneficiarios de las pensiones que ostentaban en forma irregular y que generaron un millonario perjuicio a la Anses.
El juez federal de Santiago del Estero, Dr. Guillermo Daniel Molinari, resolvió ampliar el procesamiento, sin prisión preventiva, por los delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsificación y/o uso de instrumentos públicos falsificados en concurso ideal en contra de José Luis Bracamonte, Norma Noemí Bracamonte, Ángel Alfredo Castagna, Luis Eduardo Gómez, Mabel Herrero, Oscar Adrián Martínez, Elvia Miriam Montenegro, Carlos Alberto Cano, Carlos Emanuel Ríos, Héctor Eduardo Lucatelli, Paola Andrea Conte, Luis Marcelo Villar y Oscar Carabajal.
Como se sabe, la investigación se inició a principio de año tras una investigación interna de Anses y que derivó en una causa judicial que terminó con el procesamiento en marzo pasado de cinco empleados del organismo estatal —hoy exonerados—, un intermediario y más de treinta beneficiarios de pensiones derivadas “truchas” a partir de casamientos con personas fallecidas y que ni siquiera habían conocido. El magistrado, en la ampliación del procesamiento de los trece imputados, consideró que “ha quedado demostrado que la maniobra fraudulenta se materializó de la forma expuesta, configurando dicha conducta la figura de estafa”. “Sin perjuicio de que los beneficiarios hayan intervenido o no en la obtención de estos créditos y hayan o no percibido los mismos, resulta claro que posibilitaron con su necesaria participación que empleados y funcionarios de Anses defraudaran al organismo con las maniobras”, argumento y agregó: “Ello así, por cuanto consintieron y participaron en la obtención ilegal del beneficio previsional (pensión derivada), presupuesto necesario para la solicitud de los préstamos ahora imputados y una vez acordados concurrían al banco a percibir el crédito en cuestión”.
Como se sabe, a mediados de mayo pasado, a raíz de la primera parte de la investigación, el juez Molinari procesó a estas trece personas por defraudación y falsificación y/o uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real por las pensiones derivadas obtenidas irregularmente y por las cuales cobraron hasta más de un millón de pesos en cuatro años y les trabó embargos de bienes por $ 1.500.000; a excepción de Lucatelli y Conte, a quienes les impuso $ 2.500.000.
