Un nuevo frente de conflicto se abre para el intendente de Añatuya, Héctor Ibáñez, ya que ante el fiscal de turno se presentaron concejales de esa ciudad para formular una denuncia penal y solicitaron que se lleven adelante las medidas a fin de establecer si existen elementos suficientes para dar inicio a la investigación jurisdiccional establecida en el Código Procesal Penal de la Nación con respecto a la persona del intendente de Añatuya y contra todo aquel que resultare responsable en su carácter de cómplice, participe, encubridor o instigador, por la posible comisión de delitos de acción pública contenidos en el Código Penal de la Nación Argentina y leyes complementarias.
Los denunciantes, como funcionarios públicos, realizaron la denuncia en el marco de lo establecido en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 318 Inc. 1 del Código Procesal Penal de la provincia de Santiago del Estero.
Las acusaciones en contra de Ibáñez son por conductas que podrían ser constitutivas del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Pública y desobediencia judicial en perjuicio de los empleados municipales que presentaron amparos ante medidas arbitrarias del intendente.
La denuncia, según los funcionarios que la realizan, pretende dilucidar hechos que podrían generar lesividad contra el orden económico financiero y afectar derechos amparados constitucionalmente. Se pone de manifiesto que las personas que aparecen vinculadas a las maniobras denunciadas son actualmente funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, por lo que incurren en un grave delito al incumplir órdenes judiciales.
La denuncia también pone de manifiesto supuestos delitos de evasión impositiva, por lo que resulta de suma importancia esclarecer el origen de las conductas que desembocan en primer lugar en desobediencia judicial. Todo lo expuesto por los denunciantes fue acompañado por un cúmulo de pruebas.
Mientras el reclamo de los empleados toma ahora carácter judicial con la denuncia de los legisladores comunales, los empleados municipal evalúan la posibilidad de realizar medidas de fuerza para reforzar los pedidos del pago del aumento del 40% que todos los municipios dieron a los empleados, menos la Municipalidad de Añatuya; y el pago del bono de $ 8 mil que ya dijo el intendente que evalúa dar la mitad y de la que los empleados reclaman la totalidad.
