Un sujeto que estaba detenido en Añatuya por estar acusado de vender drogas, fue excarcelado por la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, quien coincidió con los planteos de la defensa técnica en cuanto a que la escala penal no constituye por sí misma un factor a tener en cuenta para denegar la libertad, fijándole al imputado una fianza real de 100 mil pesos.
Se trata de Gabriel Antón Najle, para quien la fiscal Alejandra Sobrero había pedido que se le dicte la prisión preventiva, al igual que para los también imputados y detenidos Nicolás Maximiliano Crespín y Germán Alberto Lovaiza. Sin embargo, para estos últimos la magistrada resolvió dictarles la falta de mérito legal y los excarceló.
El abogado Franco Cejas Escalada, uno de los defensores de Antón Najle, consideró que “este ha sido un fallo que sentará precedente en la Justicia de primera instancia, es decir en los jueces de Control y Garantías, porque tenemos que tener en cuenta que el delito que se le imputaba a nuestro defendido era tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que prevé una condena de entre 4 y 15 años de prisión, es decir un delito de los denominados no excarcelables”.
Variedad de planteos
“Nosotros hicimos una variedad de planteos, pidiendo que se produzca la exclusión probatoria de los testimonios brindados por dos personas, que serían las únicas que señalaron a mi cliente como vendedor de drogas, basándonos en que el Ministerio Fiscal había violado el debido proceso legal, porque incorporó las declaraciones de dos personas que deberían haber estado en calidad de imputados en la causa. De esa manera, sorteando la obligación que tiene de perseguir los delitos, los exime de la responsabilidad sin ningún tipo de fundamentos y con total discrecionalidad, recibiéndoles testimonios para luego imputar a los tres implicados”.
