Un duro traspié sufrió la defensa técnica del expolicía que es considerado líder de la banda que asaltó el año pasado a empleados de la firma Servisur, ya que la Dra. Ana Cecilia Vittar, jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir de dos años, haciendo lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal, representado por las Dras. María Gabriela Gauna y Carla León Fernández.
La acusación fiscal
Tal medida le fue aplicada a Marcos Matías Villalba, a quien las fiscales acusaron por el delito de robo calificado por el uso de armas, y en poblado y en banda, hecho ocurrido el 12 de noviembre del año pasado, en cuyo transcurso la banda delictiva —en una verdadera acción de grupo comando— interceptó el automóvil en que se transportaban los empleados de la firma afectada, a quienes amedrentaron con armas y los despojaron de la suma de 2.400.000 pesos, que hasta la fecha no pudo ser recuperada.
Rechazó nulidades
La magistrada rechazó las nulidades planteadas por el abogado César Barrojo, defensor de Villalba, y también denegó la falta de mérito que el letrado había solicitado para su cliente. Tampoco hizo lugar al sobreseimiento que el defensor había requerido respecto del robo en un negocio de venta de celulares, y por el atentado y resistencia a la autoridad, que según el Ministerio Fiscal afirma que ocurrió al momento de ser detenido en el capitalino barrio Siglo XIX, en la noche del 3 de julio último.
Para otro imputado
La jueza Vittar también dictó la prisión preventiva que las fiscales habían solicitado para Jorge Emanuel Gómez —quien fuera detenido junto a Villalba—, rechazando el sobreseimiento que había solicitado la defensa técnica del inculpado, ejercida por el abogado Eduardo Font.
La fiscalía acusa a Gómez por los delitos de robo simple y portación ilegal de arma, según se precisó.
Cabe recordar que por el asalto a los empleados de Servisur se encuentra prófugo Carlos Maximiliano Villalba, hermano del líder de la banda delictiva, contra el cual pesa una orden de captura provincial y nacional, requerida por el Ministerio Público Fiscal.
Las defensas anticiparon que apelarán la resolución.
