Un ama de casa, residente en la localidad de Sinchi Caña —departamento Choya— fue procesada como partícipe necesaria de las vejaciones que sufrió su hija adolescente en manos de su concubino. Además, la mujer habría obligado a prostituirse a la menor.
El calvario que vivió durante varios años una menor de 13 años, salió a la luz a mediados de febrero del corriente año. La víctima se habría descompensado en la casa de una tía, quien terminó descubriendo que estaba embarazada.
Alarmada por la situación, la familiar de la adolescente le cuestionó sobre lo que pasaba en su casa y descubrió que la menor era víctima de constantes abusos sexuales. De inmediato, la tía de la damnificada radicó la denuncia penal informando a la Policía que la menor se encontraba embarazada y que sería producto de los ultrajes a los que era sometida por parte de su padrastro.
Según la denunciante, de las vejaciones tenía conocimiento la pareja del acusado. La cómplice es la madre de la víctima. La mujer no había denunciado, ni evitado que los ultrajes sexuales continuaran.
Tras la denuncia, la fiscal de Choya y Guasayán, Dra. Daiana Pérez Vicens, inició una minuciosa investigación sobre los pormenores del hecho, de la cual se desprende que la imputada facilitaba los abusos sexuales en perjuicio de su hija a su pareja y que, además, facilitaba los ultrajes de otros hombres a cambio de dinero.
La pareja fue apresada e imputada de los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por la situación de convivencia y por la guarda el sujeto y del delito de partícipe necesaria la madre de la víctima.
Ayer, en una audiencia que se llevó a cabo en Frías, la fiscal Daiana Pérez Vicens solicitó la prisión preventiva para los imputados y enumeró las evidencias recolectada en su contra; mientras indicó que continúan las pesquisas del hecho.
La defensa solicitó la libertad de sus defendidos y subsidiariamente la prisión domiciliaria para la mujer.
Por su parte, el juez de Control y Garantías de Choya y Guasayán, Dr. Guillermo Paradelo, ordenó la prisión preventiva para los imputados por el plazo de ley, tal como lo solicitó la representante de la Unidad Fiscal; por lo que los acusados se encuentran detenidos.
En tanto, la menor continúa recibiendo la asistencia médica y psicológica correspondiente, con el fin de afrontar la situación que le tocó vivir en manos de sus guardadores.
Por otro lado, la Fiscalía procura identificar a los demás acusados de ultrajar sexualmente a la damnificada.