A fines de enero del corriente año, una adolescente de 14 años de la ciudad de Frías, departamento Choya, sufría de intensos dolores en el abdomen. La crítica situación de la menor provocó que su madre decidiera trasladarla al hospital zonal para que sea asistida y le brindaran un tratamiento. En efecto, tras la entrevista con la paciente y los estudios médicos, los profesionales de la salud determinaron que la adolescente estuvo embarazada y había sido sometida a un aborto. Las maniobras realizadas en el útero de la paciente para interrumpir la gestación de siete semanas (poco más de un mes y medio) y posibles restos de tejidos dejados en el organismo de la menor eran las causas de los intensos dolores abdominales, por lo que fue sometida a un tratamiento médico.
Asimismo, el descubrimiento realizado por la ginecóloga del nosocomio generó una denuncia policial y la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de ese momento, se inició una investigación. La menor fue sometida a una cámara Gesell. Durante la entrevista psicológica, la adolescente manifestó que había sufrido reiterados abusos sexuales y acusó a su padrastro. Dijo que nunca consintió los aberrantes hechos y era sometida a pesar de la resistencia que ofrecía. El sospechoso, quien tiene dos hijos con la madre de la víctima, fue detenido e imputado de abuso sexual con acceso carnal.
Los investigadores sospechan que el aborto se concretó con la aparente intención de encubrir y que no salieran a la luz los aberrantes hechos ocurridos en la vivienda, en ocasión en la que la madre de la menor no se encontraba.
Durante la investigación, se reunieron más evidencias y testimonios, entre ellos un informe socioambiental y las pericias psicológicas realizadas al padrastro, quien habría protagonizado los hechos aprovechando la situación de convivencia en la misma casa y de ser el guardador de la menor, hechos catalogados como graves por el Código Penal.
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Ayer, durante una audiencia realizada en el Centro Judicial Frías, la fiscal Rocío Fringes, representante de la Unidad Fiscal de Choya y Guasayán, solicitó la prisión preventiva para el imputado. En el debate, la defensa se opuso a la medida coercitiva y fundamentó que el imputado tiene arraigo, tiene trabajo y no hay riesgos procesales, por lo que solicitó la excarcelación.
Luego de escuchar a las partes, el juez de Control y Garantías, Dr. Guillermo Paradelo, resolvió dictar la prisión preventiva por el plazo de ley de dos años para el padrastro, período en el que la fiscalía podría elevar la causa a juicio oral.
El imputado fue trasladado a la Alcaidía de la Departamental 7, donde esperará que sea juzgado por un tribunal.
