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Policiales Resolución de la Dra. Luciana Jacobo, del Ministerio Público Fiscal

Acumularon las causas contra Castelli y Petros y decretaron el secreto sumarial

Tal medida se adoptó debido a la conexidad y la complejidad de las actuaciones, además de la pluralidad de partes implicadas en los hechos.

Calificadas fuentes confirmaron a Nuevo Diario que la Dra. Luciana Jacobo, representante del Ministerio Público Fiscal, procedió ayer a la acumulación de las denuncias que por los delitos de estafa y amenazas que involucran a la contadora Soledad Castelli, a Ramiro Petros y a Sebastián Silva, además de haber impuesto el secreto sumarial a las actuaciones.

Cabe recordar que días pasados, por resolución del fiscal general Luis Alberto de la Rúa, se apartó a la fiscal Celia Inés Mussi de la causa que se tramitaba en contra de Soledad Castelli, por el delito de estafa en perjuicio de Sebastián Silva, y se dispuso que sea la Dra. Jacobo quien la investigue.

A su vez, desde meses atrás, la fiscal Jacobo tenía bajo su órbita las denuncias realizadas por Sofía Balaguero, Mauricio Corbalán, Rolando Martín Castellanos y Soledad Castelli en contra de Ramiro Petros.

Conexidad y complejidad

En razón de la conexidad subjetiva y objetiva y por la complejidad de tales actuaciones, y no únicamente por la pluralidad de partes involucradas, sino por la cantidad de hechos denunciados, es que la fiscal Jacobo notificó ayer en la mañana a las partes del proceso sobre el decreto de secreto de sumario.

Denuncias a Petros

Según revelaron las fuentes, el abogado Rolando Castellanos denunció a Petros, acusándolo de haberlo estafado en 250 millones de pesos, en tanto que la contadora Castelli acusó a Petros por una estafa de 400 mil pesos. César Corbalán radicó denuncia en contra de Petros por estafarlo en 20 mil dólares, en tanto que no trascendió el monto de la estafa a Balaguero.

Desmiente domiciliaria.

Asimismo, en diálogo con Nuevo Diario, el Dr. Sergio Brandán —abogado defensor de Castelli— desmintió que haya presentado o fuera a presentar ante la Justicia un pedido de detención domiciliaria para la contadora.

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