Un productor de apellido Vega, de 55 años y domiciliado en el barrio Esperanza I de la ciudad de Frías, departamento Choya, se trasladó con familiares y un empleado hasta un campo que había heredado de su padre en el paraje Rumi Esquina. El friense y sus acompañantes comenzaron a realizar un deslinde o marcación de los límites físicos de su propiedad a través del desmalezamiento, para lo cual utilizaron una topadora.
A pesar del ruido de la máquina, todos escucharon al menos dos detonaciones de un arma de fuego. Inmediatamente después, Vega sintió un profundo dolor en el abdomen, lugar donde había impactado uno de los proyectiles; casi de inmediato cayó y perdió el conocimiento. El productor fue auxiliado por su hijo y su hermano, quienes solicitaron ayuda a la policía. Ante la urgencia, Vega fue cargado en un patrullero y trasladado hasta la zona conocida como kilómetro 18, donde fue transbordado a una ambulancia que lo llevó hasta el hospital zonal de Frías. Afortunadamente, su vida no habría corrido peligro.
Posteriormente, Vega denunció en la Comisaría Nº 23 que el autor de los disparos sería un sujeto de apellido Toloza, a quien habrían visto junto con su hijo y su hermano disparando con un rifle calibre 22 milímetros, desde una zona montuosa. Según Vega, el acusado vestía ropa de grafa azul descolorida y un gorro hecho con un trapo, y se movilizaba en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos. Aseguró que el conflicto con Toloza se originó luego de que él comenzara a realizar los deslindes del campo heredado. Toloza le habría manifestado que compró parte de la propiedad; sin embargo, no cuenta con ninguna documentación que acredite tal afirmación.
Vega afirmó que no era la primera vez que Toloza protagoniza un incidente armado. Anteriormente ya había denunciado al mismo individuo por realizar disparos al aire luego de ser cuestionado por extracción de productos forestales de un campo que no le pertenece.
La investigación por el delito de lesiones dolosas está a cargo del personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 23 y de la Unidad Fiscal de Choya y Guasayán. Las autoridades judiciales ordenaron que se recibieran testimonios y se realizara un informe socioambiental.
