La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Banda y Robles, la defensora oficial y el imputado de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y lesiones leves, en perjuicio de una menor, todo en concurso real de delitos, habían llegado a un acuerdo por la pena de 13 años de prisión para el hombre y decidieron exponerlo en un juicio abreviado ante el juez de Control y Garantías, Dr. Carlos Ordóñez Ducca.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que, de acuerdo con la investigación, el imputado abusó sexualmente en reiteradas ocasiones a su hijastra de 10 años en un domicilio de la ciudad de Beltrán, departamento Robles. Los aberrantes hechos se producían cuando la madre de la menor se retiraba a realizar trámites. Como consecuencia de los abusos, la menor quedó embarazada y se interrumpió la gestación cuando transitaba las 17 semanas (poco más de tres meses). Tras el aborto, se extrajo ADN del feto y se comparó con el imputado, que habría resultado positivo en un 99,99 por ciento; el acusado era el autor del embarazo.
Asimismo, la representante del Ministerio Público detalló que, además, en un segundo hecho investigado, en enero de 2023, el imputado agredió físicamente a la niña cuando tenía 9 años, utilizando incluso palos y cintos; las lesiones se constataron y se diagnosticó cuatro días de curación en ese entonces.
Por ambos delitos, la Fiscalía pidió al magistrado que homologara el acuerdo entre las partes (fiscalía, defensa, Ministerio Pupilar y acusado) y se condenara al imputado a 13 años de prisión.
Asimismo, se solicitó que se trasladara al sujeto de 45 años al Penal de Varones para que se hiciera efectiva la condena e iniciara el tratamiento para su adicción al alcohol.
Todo iba normal hasta que el juez interrogó al imputado sobre si comprendía y aceptaba los términos y condiciones y asumía la responsabilidad de los hechos investigados.
En este sentido, el beltranense manifestó no estaba de acuerdo, que aceptó porque “no le quedaba otra” y que se sentía “amenazado” por la Fiscalía.
Ante esta singular situación, el juez Ordóñez Ducca decidió suspender la audiencia, no homologar el acuerdo porque no tenía el consentimiento del imputado y le pidió a la Fiscalía solicitara en otra audiencia la elevación de la causa a juicio oral. La pena en expectativa de los delitos que lo acusan es de 8 a 21 años.
