El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, constituido por los doctores Abelardo Basbús, Carina Farías y Federico Bothamley, condenó unánimemente al exintendente de la ciudad de Pinto, Emilio Alberto Rached, a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo encontraron culpable de peculado y malversación de fondos públicos, siendo estos en concurso ideal de delitos, y perjudicando a la administración pública.
Además, los jueces condenaron a la exsecretaria de Economía de la comuna de Pinto, Ana María Vera, a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, así como a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ya que la consideraron coautora de los mismos delitos que el exjefe municipal. En el mismo caso, impusieron una condena a Diego Kemel de dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo partícipe necesario del delito de peculado, en perjuicio de la administración pública.
Los tres condenados, que no serán encarcelados, tendrán que cumplir con reglas de conducta durante dos años.
De la misma manera, el TOF condenó a Rached, Vera y Kemel al pago conjunto de $5.143.590. Este monto debe ser actualizado según la tasa pasiva del Banco Nación, desde el 30 de octubre de 2018 hasta la fecha actual.
En los alegatos, la Fiscalía resaltó la acumulación de irregularidades administrativas y la falsificación ideológica de trámites internos para llevar a cabo el desvío de fondos. Consideró que a Rached se le debía agravar la pena debido a su mayor responsabilidad como líder del municipio y a su trayectoria política, en la cual ocupó cargos como vicegobernador de la provincia y senador. Por otro lado, se consideró a Vera como una persona de confianza del exintendente y que solía responder con fidelidad a sus requerimientos.
En el caso de Kemel, quien se consideró un intermediario, se determinó que había recibido cheques a su nombre, los cuales cobró y supuestamente entregó el dinero a los acusados.
La causa se inició por la desviación de dinero que había enviado la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación en 2018 a Pinto, mientras Rached era intendente. El dinero estaba destinado a mejorar "la infraestructura básica y el fortalecimiento comunitario en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad". También se destinaba a la construcción de un polideportivo y de desagües cloacales para la ciudad. Funcionarios nacionales declararon que se enviaron $44.325.199,60 de los $80.000.000 que se habían presupuestado, sin saberse el paradero de $4.511.881,40. Además, un relevamiento determinó que la obra del sistema de desagües cloacales no había alcanzado el 30% de su ejecución.
¿Qué se le reprochó al exjefe comunal en la investigación?
Según la causa, la Municipalidad solo rindió cuentas por $ 39.813.018,10.
No se verificó que las obras prometidas (cloacas, polideportivo, saneamiento en los barrios) se hayan realizado en su totalidad: técnicos provinciales argumentaron que la obra de desagües cloacales no llegaría al 30 % de ejecución.
Además, parte del dinero —en particular intereses generados por un plazo fijo constituido con fondos del convenio— habría sido transferido a la cuenta general del municipio, cuando estos fondos estaban afectados exclusivamente al convenio, lo que vulneraría el destino convenido.
Se detectaron facturas cuestionadas: facturas emitidas por una empresa recientemente constituida (según la causa) cobraban por sumas que totalizan $ 3.673.029,89, equivalente a alrededor del 9 % del monto recibido.
La acusación señaló que —en su rol de intendente— Rached tenía la responsabilidad de administrar, ejecutar y supervisar las obras, garantizar la transparencia en el manejo de los fondos y garantizar que los fondos nacionales se utilizaran conforme a lo pactado.
A su exsecretaria de Economía (en ese entonces) le correspondía administrar los fondos municipales.
Integra un sector político que tiene otro condenado y ambos fueron candidatos
A pesar de tener un proceso judicial en curso por malversación de caudales públicos, Emilio Rached ha sido nombrado funcionario en otra provincia. En 2025, se encuentra registrado como subsecretario en la provincia de Santa Fe. Esta situación ha despertado críticas en relación a los criterios de designación y la gestión pública, pues se cuestiona la coherencia entre una supuesta política de "transparencia y austeridad" y la incorporación de un dirigente con causas penales por malversación.
En la Provincia, Rached es socio político y fue candidato a vicegobernador de Alejandro Parnás en el sector Despierta Santiago. Dicha plataforma política también está conformada por Facundo Pérez Carletti y el exintendente de La Banda, Héctor "Chabay" Ruiz.
Tanto Emilio Rached como "Chabay" han enfrentado tormentas judiciales vinculadas a su desempeño institucional y político: "Chabay" Ruiz fue condenado tras confesar haber atacado sexualmente a una mujer que se acercó a pedir trabajo en el municipio cuando él ejercía como jefe de la ciudad de La Banda, y más tarde huyó a la exclusiva costa argentina mientras era buscado por la justicia.
