Acuciada por la inflación y la situación económica familiar, una mujer de 37 años del barrio Loro Pozo de la ciudad de Pozo Hondo, departamento Jiménez, vio una salida a sus problemas en una usurera, una de sus últimas alternativas para generar un ingreso de efectivo. La mujer entabló un diálogo económico el 19 de julio del corriente año con la prestamista y llegaron a un acuerdo. La vecina del barrio Loro Pozo necesitaba 100 mil pesos, pero la usurera le puso condiciones: No solo debía devolverle $ 180 mil cuando cobrara sus haberes en agosto, sino también debía entregarle la tarjeta de débito y la clave para que se asegurara de cobrar el préstamo y sus holgados intereses en un solo pago y en menos de un mes. En efecto, la prestamista le dio los 100 mil pesos y se quedó con la tarjeta de débito. No se firmó nada, todo se trató de un acuerdo de palabra, señaló la mujer ante la Policía.
El 17 de agosto, fecha que percibió sus haberes, la mujer se comunicó por teléfono con la usurera, quien le informó que ya había extraído el dinero, lo que significaban 303 mil pesos. En este sentido, la prestamista le manifestó que se había cobrado todo ese dinero.
La situación provocó que la mujer se trasladara hasta la casa de la prestamista y le pidiera que le devolviera los $ 123 mil que le sobraban porque ella solo debía quedarse con $ 180 mil ($ 100 mil del préstamo y $ 80 mil de los intereses). Sin embargo, la usurera se negó a entregarle el resto del dinero y le manifestaba que todo le correspondía a ella. Tampoco quiso devolverle la tarjeta de débito que le había entregado en aquel momento de concretar el acuerdo verbal.
Desesperada y ante las respuestas negativas, a pesar de la insistencia, la damnificada se presentó en la Comisaría Comunitaria Nº 26 de Pozo Hondo y realizó la denuncia para que se investigara el hecho, a fin de que pudiera recuperar los 123 mil pesos y la tarjeta de débito que le pertenece.
El hecho fue informado a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Río Hondo y Jiménez, quienes ordenaron que se profundizaran las averiguaciones y se realizara un informe socio-ambiental, con relevamiento vecinal, de la denunciada.
