Una empleada de un supermercado de la avenida Adeodato Herrera de la ciudad de Clodomira realizó el sábado último una transferencia de $ 100 mil hacia una cuenta de una billetera virtual desde el celular del propietario del comercio, en concepto de cambio por efectivo con una clienta. Antes de concretar la operación, la trabajadora confirmó con la mujer el alias de la cuenta a donde debía transferir el dinero y luego le mostró el comprobante.
Sin embargo, ayer a la mañana, la clienta envió mensajes de texto informando que supuestamente la transferencia no se había concretado y necesitaba que se cancelara la operación financiera. La empleada le comentó a su patrón, quien le dijo que la citara para mostrarle que sí se había realizado la transferencia. Pero a pesar de la insistencia de la trabajadora, no pudo contactarse más con la clienta.
La empleada quedó preocupada y comenzó a buscar en Internet sobre cómo cancelar la transferencia, hasta que encontró un número de teléfono con característica de Buenos Aires que, según vio, pertenecía a la billetera virtual. Llamó y la atendió un sujeto que se presentó como personal de soporte técnico de la aplicación. Le explicó el problema y este le manifestó que era posible anular la operación, pero había que concretar varios pasos.
La empleada lo puso en contacto con el comerciante, quien le brindó información sobre su cuenta bancaria, y finalmente el individuo le pidió a la empleada que presionara el botón de anular operación. Casi de inmediato, la trabajadora advirtió que había transferido $ 7,5 millones desde la cuenta de su patrón hacia una desconocida. En ese momento comprobó que había sido víctima de un estafador.
La desesperación se adueñó de la mujer, quien comenzó a buscar nuevamente en Internet sobre cómo comunicarse con la billetera virtual para anular la transferencia millonaria. Finalmente encontró el número correcto de la aplicación, donde le informaron que debía realizar la denuncia para que se iniciara el “reclamo”. El hecho fue expuesto en la Comisaría Nº 16 e investiga el Departamento de Delitos Económicos, por orden de la fiscal María Teresa Montes.
