El fatal accidente se produjo el 2 de marzo del corriente año sobre la Ruta Provincial 21, a la altura del paraje Bayo Muerto, departamento Banda. Por el lugar circulaba una motocicleta Gilera de 110 cc. que era conducida por Franco Ariel Paz (19 años), quien llevaba como acompañante a Luciana Soledad Noriega (20), quien se domiciliaba en la localidad de Colonia María Elena (Banda). En esa circunstancia, por causas que son investigadas, fueron embestidos por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga.
El accidente provocó la muerte de la joven Noriega, mientras que Paz sobrevivió con lesiones.
La investigación derivó en la identificación de la camioneta y del conductor, el oficial inspector Franco Daniel Ibarra. El vehículo fue secuestrado en un taller de Tintina (Moreno), a donde había sido dejado para que repararan los daños ocasionados por el choque; mientras que el policía fue apresado seis días después en la subcomisaría de Sachayoj (Alberdi), lugar donde estaba prestando servicio.
El 20 de abril último, la justicia bandeña le dictó al policía la prisión preventiva por un año por homicidio culposo y abandono de persona en perjuicio de Luciana Noriega y lesiones culposas y abandono de persona, en perjuicio de Franco Paz, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real de delitos.
Sin embargo, la defensa presentó un recurso ante las autoridades de la Cámara de Apelaciones, quienes concedieron la libertad del imputado.
Ante esta resolución del Tribunal de Alzada, se realizó una nueva audiencia, donde el juez de Control y Garantías, Dr. Gino Niccolai, cumplió con lo dictado por la Cámara de Apelaciones y le concedió la libertad a Franco Ibarra, aunque con una fianza de un millón de pesos y medidas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a los testigos de la causa y a la familia de la víctima fatal. Se le impuso la prohibición de salir de la provincia y del país.
Lee también:
Asimismo, el imputado fijó domicilio en el barrio Sor Ángela de la Cruz de la ciudad de Monte Quemado (Copo), donde convive con su abogada defensora, Dra. Evelyn Luna Gil.
Todas estas medidas van a ser por el plazo de 180 días (seis meses), bajo apercibimiento de que, en el caso de que no se cumpliese, el Ministerio Público Fiscal podrá solicitar la revocatoria de la libertad e imputarle a Ibarra el delito de desobediencia judicial.
