Pablo Maximiliano Amín, oriundo de Santiago del Estero y condenado a prisión perpetua por el terrible femicidio de su esposa, María Marta Arias, ocurrido en 2007, volvió a generar conmoción en Tucumán tras confirmarse que goza de salidas transitorias. El beneficio judicial le permite caminar libremente por las calles, pese a haber sido considerado uno de los criminales más violentos y despiadados de la historia reciente del país.
El caso Amín marcó un antes y un después en la crónica policial argentina. En octubre de 2007, el entonces joven matrimonio se alojaba en el Catalina’s Park Hotel, de San Miguel de Tucumán, por motivos laborales. Sin embargo, la madrugada del 27 de octubre, el hombre estranguló a su esposa, de solo 23 años, y en un acto de crueldad inimaginable mutiló su cuerpo, arrancándole los ojos y provocándole profundas heridas.
El horror salió a la luz cuando el personal del hotel lo sorprendió desnudo, cubierto de sangre y arrastrando el cuerpo por las escaleras, en un aparente estado de delirio. La brutalidad del crimen estremeció al país entero y convirtió a Amín en un símbolo del ensañamiento y la violencia de género más extrema.
Durante el juicio oral de 2009, la defensa intentó atribuirle un brote de esquizofrenia paranoide, alegando inimputabilidad. Sin embargo, los peritajes psiquiátricos determinaron que se trataba de una simulación consciente, destinada a eludir la cárcel. Los especialistas concluyeron que Amín padecía un trastorno antisocial de la personalidad, pero que sabía perfectamente lo que hacía. La Justicia lo declaró plenamente responsable y lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por ensañamiento.
Años más tarde, y tras cumplir el tiempo exigido por la ley para acceder a beneficios penitenciarios, Amín fue favorecido por la ley de ejecución penal, que permite la “progresividad” de la pena. Basándose en informes de buena conducta, la jueza de Ejecución Penal le concedió salidas transitorias, decisión que fue ratificada por el Tribunal de Impugnación de Tucumán, pese a la férrea oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).
El beneficio autoriza al femicida a salir dos veces al mes durante tres horas, bajo custodia policial. Sin embargo, su sola presencia en las calles de Tucumán provoca malestar, miedo e indignación entre los vecinos y las organizaciones de mujeres.
El caso reabre el debate sobre los límites del sistema penitenciario argentino y las controvertidas aplicaciones de la ley de ejecución penal, especialmente en delitos de extrema gravedad como el femicidio.
