Un confuso y violento conflicto inmobiliario se desató en las últimas horas en la ciudad de Colonia Dora, derivando en una grave denuncia penal por daños y amenazas. La damnificada es una mujer de 49 años, oriunda de la provincia de Santa Fe, quien aseguró haber sido víctima de un engaño tras adquirir una propiedad.
Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 42, el conflicto se originó a partir de una transacción comercial realizada en octubre de 2025. La compradora relató que adquirió una vivienda ubicada en el barrio Mitre por la suma total de $8.000.000. Para ello, ambas partes habrían firmado un boleto de compraventa que estipulaba la cancelación en tres pagos.
Arrepentimiento, daños y WhatsApp
El escándalo estalló luego de que la mujer abonara la suma de $6.000.000. De acuerdo a su testimonio, en ese momento el vendedor le habría manifestado que "ya no quería vender la propiedad" y que le devolvería el dinero cuando lograra juntarlo, desconociendo el acuerdo previo.
Con la intención de regularizar la documentación del inmueble, la compradora viajó a la provincia el pasado lunes 16 de febrero. Sin embargo, la situación tomó un cariz delictivo durante la jornada de ayer: al regresar a la casa tras un viaje a la localidad de Icaño, la mujer se topó con que la cadena de la puerta de ingreso al domicilio había sido cortada intencionalmente.
A este violento acto de vandalismo se le sumó una grave intimidación. La damnificada aseguró ante los uniformados que comenzó a recibir mensajes con amenazas directas a través de la aplicación WhatsApp por parte de los vendedores denunciados.
Intervención judicial
Frente a la presentación de la damnificada, se dio rápida intervención a la fiscal de turno, Dra. Cecilia Rimini. La magistrada dispuso que la causa sea caratulada preliminarmente como "A establecer" y ordenó una serie de medidas urgentes, entre ellas la realización de un acta de constatación con fotografías de los daños en la vivienda, la recolección de toda la documentación respaldatoria y la inmediata notificación de medidas restrictivas para los acusados.
