El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a tres integrantes de una familia a 10 años de prisión por captar, explotar y obligar a una adolescente de 13 años a contraer matrimonio, en un caso que expone una grave vulneración de derechos y que fue calificado como trata de personas.
Los condenados, identificados como Alberto, Isabel y Franco Cristo, también deberán afrontar una multa de $75 millones en concepto de reparación económica para la víctima, la cifra más alta registrada en esa jurisdicción para este tipo de delitos. El fallo fue dictado por el juez Daniel Doffo.
Según se acreditó durante el juicio, los hechos comenzaron entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén, cuando los acusados concretaron la unión forzada entre la menor y su hijo de 20 años a cambio de $825.000, dinero que fue entregado a los padres de la adolescente.
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Tras el matrimonio impuesto, la joven fue trasladada a Santa Fe, donde permaneció bajo el control de la familia hasta fines de 2024. Durante ese período, sufrió abuso sexual, servidumbre doméstica y trabajo esclavo. Además, fue sometida a violencia física constante, incluyendo golpes y quemaduras.
La investigación determinó que también era obligada a realizar venta ambulante en condiciones extremas, debiendo entregar todo el dinero recaudado bajo amenazas de castigo y privación de alimentos.
En diciembre de 2024, la víctima fue trasladada a San Juan junto a su esposo y su hijo. Sin embargo, en abril de 2025, sus suegros intentaron secuestrarla nuevamente. Durante el traslado, la joven logró pedir ayuda en la localidad de Caucete. Aunque fue forzada a subir otra vez al vehículo, la intervención policial tras un llamado al 911 permitió interceptar la camioneta y rescatarla.
Durante los alegatos, el fiscal Fernando Alcaraz rechazó que prácticas culturales puedan justificar este tipo de delitos y remarcó que los derechos de niñas y adolescentes están protegidos por la legislación argentina. En la misma línea, la fiscal Alejandra Mángano subrayó que el matrimonio infantil está prohibido por tratados internacionales y no puede ampararse en tradiciones.
Finalmente, el tribunal ordenó comunicar la sentencia tanto a la comunidad como a la familia de la víctima, en el marco de una resolución que busca sentar un precedente en la protección de los derechos humanos.
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