La Justicia porteña investiga a un cocinero de 27 años acusado por rescatistas de maltrato animal y de haber provocado la muerte de al menos 16 gatos en distintos hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires. El caso generó conmoción entre proteccionistas y abrió una causa por lesiones leves, amenazas y coacción de un menor.
Todo comenzó en el barrio de Recoleta, donde el joven, identificado como Adriel C.O., habría ganado la confianza de distintas personas vinculadas al rescate de animales para luego recibir en adopción a varios felinos. A partir de allí, comenzaron a aparecer denuncias cruzadas en redes sociales que encendieron las alertas.
El primer hecho investigado se remonta al 16 de enero, cuando el acusado habría quedado al cuidado de un gato llamado “Charly” mientras una mujer le confiaba también la supervisión de su hijo menor. Según la denuncia, el animal murió en circunstancias violentas y el menor habría intentado intervenir durante el episodio.
Pocos días después, el 24 de enero, se registró otro caso denunciado por una rescatista, quien entregó un segundo gato al mismo hombre. Horas más tarde recibió la noticia de la muerte del animal, aunque al consultar en una veterinaria le informaron que el gato nunca había sido ingresado al centro de salud, lo que profundizó las sospechas.
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A partir de estos episodios, distintas proteccionistas comenzaron a vincular otros casos similares ocurridos en semanas posteriores, en los que animales entregados en adopción habrían muerto o desaparecido en circunstancias no esclarecidas.
La denuncia fue tomando mayor dimensión con el aporte de testimonios y publicaciones en redes sociales, donde el acusado fue señalado como un posible “asesino serial de gatos”. Sin embargo, la Justicia aclaró que la investigación aún se encuentra en etapa de recolección de pruebas.
Actualmente interviene la UFEMA, unidad especializada en maltrato animal del Ministerio Público Fiscal porteño, que analiza los hechos denunciados y los elementos aportados por los denunciantes. También se investigan otros posibles delitos como amenazas y coacción.
El caso sigue en curso y no hay una resolución judicial definitiva, mientras los investigadores intentan determinar el alcance real de los hechos y la responsabilidad del acusado.
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