El calvario diario que padece un adolescente de 16 años encendió las alarmas y derivó en una contundente intervención judicial. El menor, que tiene un diagnóstico médico de retraso madurativo, se convirtió en el blanco de burlas crueles y un hostigamiento sistemático por parte de otros chicos de su propio vecindario.
Harta de ver el sufrimiento de su hijo, una mujer de 31 años decidió ponerle un freno a la situación y se presentó en la guardia de la Comisaría Comunitaria N° 4 de la Mujer y la Familia. En su crudo relato, la madre detalló que los ataques en las inmediaciones de la calle Lisandro de la Torre ya no son episodios aislados, sino una constante que está destruyendo la tranquilidad del joven, generándole cuadros de profunda angustia y alterando por completo su rutina diaria.
La responsabilidad de los padres
Frente a la gravedad de los hechos y el daño emocional provocado al adolescente, el caso recayó en manos de la fiscal de turno, Dra. Carola Olivera. Lejos de dejar pasar la denuncia, la funcionaria apuntó directamente a los hogares de los agresores.
La fiscal ordenó a la policía identificar de manera urgente a los padres o tutores de los menores señalados por el bullying. La medida judicial busca obligar a estos adultos a firmar un acta de compromiso, exigiéndoles que asuman la responsabilidad de supervisar y corregir la conducta de sus hijos para garantizar que no vuelvan a acercarse ni a vulnerar los derechos de la víctima.
