La Justicia de Santiago del Estero inició una investigación para esclarecer una denuncia por una presunta maniobra de administración fraudulenta en el ámbito de una agencia de turismo dedicada a la organización de viajes grupales.
La presentación fue realizada por la licenciada en Turismo I. A., con el patrocinio del abogado Carlos Toloza, quien denunció a su exsocia de una agencia de viajes por la supuesta apropiación de fondos provenientes de la comercialización de paquetes turísticos. De acuerdo con la acusación, el perjuicio económico rondaría los 10 millones de pesos.
Según la denuncia, ambas integraban una sociedad de hecho que organizaba contingentes con destino, principalmente, a Mar del Plata y Villa Carlos Paz, donde cada una tenía funciones específicas dentro del emprendimiento.
La denunciante explicó que era la encargada de acompañar a los grupos durante los viajes, mientras que su socia permanecía en la provincia atendiendo a los clientes, administrando las consultas y recibiendo el pago de las cuotas de quienes abonaban los paquetes de manera financiada.
Siempre de acuerdo con la presentación judicial, ese esquema de trabajo se sustentaba en la confianza entre ambas, ya que la acusada estaba autorizada a percibir los pagos mientras Albarracín se encontraba fuera de la provincia. Sin embargo, con el paso del tiempo, los montos recaudados habrían dejado de ser entregados.
La denunciante sostuvo que, ante los reiterados reclamos para conocer el destino del dinero y obtener una rendición de cuentas, solo recibió respuestas evasivas y postergaciones, sin una explicación concreta sobre el manejo de los fondos.
En el escrito presentado ante la Justicia se afirma que la exsocia habría administrado dinero ajeno excediendo las facultades que le habían sido otorgadas, provocando un importante perjuicio económico tanto a la actividad comercial como al patrimonio personal de la denunciante.
Como parte de la causa, la defensa aportó diversa documentación y prueba testimonial, entre ellas las declaraciones de varios clientes que habrían participado de la operatoria comercial de la empresa.
Ahora será la Justicia la encargada de analizar las pruebas reunidas y determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos y si corresponde avanzar con una imputación por el delito denunciado.
