Tras una exhaustiva investigación, efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un hombre de 42 años y nacionalidad paraguaya, acusado de abusar sexualmente de al menos seis menores de edad entre marzo de 2014 y octubre de 2024. Las agresiones ocurrían en una vivienda de la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde los padres de las víctimas dejaban a sus hijos a su cuidado debido a que el imputado integraba su círculo de confianza.
El fiscal Fernando Siquier Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6 del Departamento Judicial de Morón, solicitó la detención inmediata bajo los cargos de "abuso sexual agravado y corrupción de menores". Entre los damnificados se encuentra un niño con un diagnóstico de retraso madurativo, condición de vulnerabilidad de la que el detenido se habría aprovechado.
Una fachada de "buen vecino"
El perfil del acusado causó una profunda indignación entre los habitantes de la zona. En el barrio era conocido como un albañil trabajador, sin vicios ni aparentes conflictos, que en sus ratos libres solía regalar caramelos a los niños que pasaban por el frente de su casa. Esta estrategia le permitió ganarse la simpatía de los vecinos y un lugar de confianza en el entorno familiar de las víctimas.
Sin embargo, las autoridades determinaron que, una vez dentro de la vivienda, la situación cambiaba de manera drástica. El imputado sometía a los menores bajo graves amenazas de muerte, exhibiendo un machete y un rifle con los que prometía matar a tiros a todos sus familiares si revelaban lo sucedido.
El quiebre del silencio
El caso comenzó a salir a la luz cuando uno de los menores empezó a manifestar serias dificultades de aprendizaje en la escuela. Ante la preocupación por este cambio de conducta, sus padres buscaron asistencia profesional. Durante las consultas, los especialistas detectaron signos físicos y psicológicos compatibles con abuso sexual crónico.
A partir de la contención del equipo médico, el niño pudo relatar el calvario que vivía, lo que generó que las demás víctimas también comenzaran a romper el silencio y a contar los hechos a los que habían sido sometidas a lo largo de diez años.
Fuga, incendio y detención
Al enterarse de los aberrantes hechos y antes de concretar la denuncia formal, los familiares de los menores decidieron hacer justicia por mano propia y se dirigieron al domicilio del acusado, incendiando la propiedad por completo. Sin embargo, el albañil se había percatado del descubrimiento de sus actos y logró darse a la fuga de forma anticipada.
La posterior investigación quedó a cargo de la División Homicidios de la PFA, que llevó adelante un exhaustivo análisis de datos y relevamiento en redes sociales. Un dato fundamental aportado por una de las víctimas aceleró la captura: la mención de un joven llamado "Brian", quien visitaba de manera frecuente al prófugo y cuyos nexos permitieron a los detectives rastrear y localizar el paradero del acusado, quien ya se encuentra a disposición de la Justicia.
