Ramiro Petros fue detenido durante la madrugada de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando regresaba a la Argentina. Fuentes judiciales indicaron a Nuevo Diario que la medida se produjo al momento de su ingreso al país, lo que abrió una fuerte polémica en torno a su situación procesal.
Según pudo saber este medio, Petros fue interceptado en el área de Migraciones cerca de las 3:30 de la mañana, luego de que el sistema arrojara una alerta con pedido de detención. No obstante, su abogado defensor, Diego Lindow, remarcó que dicha orden se encontraba suspendida, por lo que calificó el procedimiento como irregular.
De acuerdo a lo explicado por el letrado, el pedido de detención había sido apelado y la Cámara de Apelaciones concedió el recurso con efecto suspensivo, lo que —según sostuvo— impedía cualquier tipo de privación de la libertad o medida restrictiva al momento del ingreso al país.
Lindow detalló que Petros había retornado a la Argentina con la intención de ponerse a disposición de la Justicia y prestar declaración una vez finalizada la feria judicial. Además, afirmó que logró enviarle a su defendido una copia del decreto judicial que respaldaría la suspensión de la orden, aunque luego perdió contacto con él tras la intervención de las autoridades migratorias.
Ante este escenario, el abogado adelantó que presentará un hábeas corpus en procura de que Ramiro Petros recupere la libertad, al considerar que la detención carece de sustento legal.
La retención estaría vinculada a una denuncia presentada por Corvalán, relacionada con una camioneta, causa a partir de la cual se habría solicitado originalmente el pedido de detención que ahora es motivo de discusión judicial.
Mientras se aguardan precisiones oficiales sobre su situación, el caso vuelve a poner el foco en el alcance de las facultades de Migraciones, el cruce de alertas judiciales y la correcta aplicación de resoluciones con efecto suspensivo. Desde la defensa anticiparon que avanzarán con las presentaciones correspondientes para cuestionar la legalidad de la medida adoptada.
