La investigación por el presunto millonario fraude en Fürth Automotores sigue escalando y ahora sumó un elemento clave: uno de los propietarios de la concesionaria declaró ante los fiscales que llevan adelante la causa y confirmó que la empresa ordenó una auditoría integral para intentar reconstruir cómo se produjo el enorme faltante de dinero que hoy mantiene bajo la lupa judicial al jefe de Ventas, Matías Llado.
El empresario compareció durante varias horas ante los investigadores y explicó en detalle cómo funcionaba el circuito comercial y administrativo de la firma ubicada sobre avenida Libertad. Su testimonio fue incorporado al expediente como una de las piezas centrales para intentar determinar de qué manera se habrían concretado las maniobras que hoy son investigadas por la Justicia.
En paralelo, el directivo confirmó que la concesionaria contrató a un auditor especializado proveniente de Buenos Aires, quien tendrá la misión de revisar cada una de las operaciones realizadas dentro de la empresa. La intención es establecer con precisión el monto del perjuicio económico y detectar posibles irregularidades que hayan pasado inadvertidas durante años.
Aunque oficialmente todavía no existe una cifra definitiva, dentro de la empresa sostienen que el daño patrimonial superaría ampliamente los 300 millones de pesos. Sin embargo, investigadores vinculados al área de Delitos Económicos creen que el número podría ser todavía mayor si se comprueba que el supuesto mecanismo investigado funcionó durante un período prolongado.
Uno de los puntos que concentra la mayor atención de la pesquisa es la llamativa diferencia detectada entre el stock registrado en el sistema informático y la cantidad real de vehículos disponibles. Las primeras verificaciones hablan de unas 700 unidades cuya situación deberá ser analizada durante la auditoría para determinar si existen inconsistencias en los registros internos.
El caso comenzó a tomar estado público el 15 de julio, cuando trascendió que la empresa había iniciado un sumario interno luego de advertir un fuerte desequilibrio financiero que, en un principio, fue atribuido a la caída de las ventas. Con el avance de esa investigación administrativa, la firma resolvió despedir a dos empleadas y también a Matías Llado, decisión que terminó abriendo la puerta a la investigación penal que hoy mantiene en vilo al ambiente automotor santiagueño.
Mientras tanto, la defensa de Llado, encabezada por el abogado Miguel Torres, intentó obtener la eximición de prisión y planteó que también debía investigarse la actuación del gerente general de la empresa. El planteo fue rechazado por la jueza de Control y Garantías Carolina Salas, mientras que el fiscal Diego Cortés ya anticipó que la causa se encuentra en pleno desarrollo y que no se descartan nuevas imputaciones, allanamientos y otras medidas procesales a medida que avance la recolección de pruebas.
Con la declaración de uno de los dueños y el inminente desembarco del auditor externo, la investigación ingresa ahora en una etapa considerada decisiva para determinar quiénes participaron de las presuntas maniobras, cuál fue el verdadero alcance del perjuicio y si el millonario desfalco fue obra de una sola persona o existieron otros responsables dentro de la estructura de la concesionaria.
