Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales México

Fue procesado el hombre que vendió a su hija de 12 años por 25 mil pesos

El caso se convirtió en el primero en ser juzgado por el delito de cohabitación forzada. La menor fue rescatada tras pasar un mes con un adulto en una comunidad indígena, y las autoridades advirtieron sobre los "usos y costumbres".

Las autoridades judiciales de Chiapas dictaron el procesamiento de un hombre, identificado como Andrés "N", acusado de haber entregado a su propia hija de 12 años a un adulto a cambio de la suma de 25 mil pesos. Este hecho representa un hito en la justicia local, al constituirse como el primer caso procesado penalmente bajo el delito de cohabitación forzada en el estado.

El aberrante hecho, registrado en el ámbito de una comunidad indígena de la región, salió a la luz gracias a la intervención de la madre de la menor, cuya denuncia formal movilizó los mecanismos de búsqueda de las fuerzas de seguridad estatales.

 

Rescate tras un mes de cautiverio

De acuerdo con las constancias de la investigación, la niña fue obligada a vivir en el domicilio de un hombre adulto luego de que se concretara la transacción económica por parte de su progenitor. El calvario de la menor se extendió por cerca de un mes, período en el cual permaneció retenida bajo este esquema de convivencia obligada.

Tras recabar los datos aportados por la madre, los agentes policiales lograron localizar el paradero de la víctima y ejecutar con éxito el operativo de rescate, poniéndola a resguardo de los organismos locales de protección al menor.

 

Consecuencias legales y firme postura oficial

Como resultado de las acciones judiciales, Andrés "N" fue detenido y ya enfrenta el proceso penal correspondiente. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una línea de investigación dirigida hacia el sujeto adulto que recibió a la menor en la vivienda comunitaria, con el fin de determinar su grado de responsabilidad en el delito.

Desde el Gobierno estatal se emitió un fuerte pronunciamiento tras conocerse el caso, confirmando que la fiscalía solicitará la pena máxima contemplada en el código penal para los involucrados. Asimismo, los voceros gubernamentales recalcaron de manera tajante que los denominados "usos y costumbres" de las comunidades no pueden ser utilizados como justificación ni colocarse por encima del interés superior y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.

Te puede interesar | El Multimedio Play

Seguí a Nuevo Diario Web en google news
Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso