Un fallo judicial marcó un precedente al condenar a una mujer a indemnizar a su expareja, un agente policial, por haber llevado adelante una campaña de difamación y hostigamiento a través de redes sociales durante varios años.
La sentencia establece una reparación económica cercana a los 4 millones de pesos, monto que deberá actualizarse con intereses acumulados a lo largo del proceso judicial, iniciado en 2020, por lo que la cifra final será considerablemente mayor.
De acuerdo a lo expuesto en la causa, el accionar de la mujer se basó en publicaciones reiteradas que afectaron el honor y la imagen del damnificado, lo que derivó en una demanda civil que se extendió durante seis años.
El caso fue patrocinado por los abogados Celeste Maidana y Pablo Arrieta, quienes destacaron la importancia del fallo, no solo por el resultado, sino también por el impacto que puede tener en futuras resoluciones judiciales vinculadas a conflictos en entornos digitales.
La decisión judicial se da en un contexto donde crece el debate sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales y la responsabilidad de los usuarios sobre los contenidos que publican, especialmente cuando afectan la reputación de terceros.
El fallo se posiciona así como un antecedente relevante en la discusión sobre el uso responsable de las plataformas digitales y la protección del honor en el ámbito virtual.
