La Cámara Federal de Tucumán dejó firme la decisión de trasladar a los tribunales de Campana la denuncia impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, además de otros acusados vinculados a la investigación.
La causa investiga presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita, y ahora quedará bajo la órbita del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ya lleva adelante una pesquisa relacionada con supuestos testaferros y movimientos patrimoniales vinculados a dirigentes del fútbol argentino.
La resolución quedó firme luego de que el fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, desistiera de sostener la apelación presentada anteriormente por Simón, quien pretendía que la investigación continuara en territorio santiagueño.
En consecuencia, los camaristas Patricia Moltini, Fernando Poviña, Mario Leal y Marina Cossio resolvieron dar por retirado el recurso y confirmaron la competencia de la Justicia Federal de Campana para continuar con el expediente.
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Antes de que el caso fuera derivado, el juez federal santiagueño Sebastián Argibay había rechazado el pedido de apertura formal de la investigación y se declaró incompetente por cuestiones territoriales.
Posteriormente, Argibay fue apartado de la causa por decisión de la Cámara Federal de Tucumán, luego de que el fiscal Simón planteara posibles vínculos familiares que podrían afectar su imparcialidad.
Según el dictamen fiscal, el gobierno de Santiago del Estero habría transferido más de 1.243 millones de pesos a la empresa de seguridad SEGON SRL, señalada por los investigadores como vinculada al entorno cercano de Pablo Toviggino.
La firma había obtenido en 2024 una licitación para prestar servicios de vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo, aunque la fiscalía advirtió que las transferencias económicas comenzaron meses antes de la adjudicación oficial del contrato.
En su presentación, Simón también había solicitado la detención de Tapia, Toviggino y otros imputados señalados como presuntos testaferros o prestanombres en maniobras bajo investigación judicial.
