Luego de tres jornadas de debate, los jueces Augusto Gregorio Busse, Martín Alejandro Rau y César Antonio Yaya condenaron el jueves a 18 años de prisión a un empleado apostoleño de 31 años por una sistemática serie de agresiones sexuales contra su hijastra.
El tribunal halló al acusado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda y aprovechando la convivencia (en al menos siete hechos) y abuso con acceso carnal (en al menos 13 hechos), todos en concurso real.
El peso del silencio
La investigación judicial determinó que los abusos ocurrieron en dos domicilios de la localidad de Apóstoles durante un período de cinco años, comenzando cuando la víctima tenía 7 años y extendiéndose hasta que cumplió los 12. El agresor aprovechaba los momentos en los que la madre salía a trabajar y la menor quedaba bajo su cuidado para perpetrar los ataques.
Para obligarla a callar, el padrastro recurría a feroces amenazas directas contra la integridad de la niña y la de su entorno familiar. Sin embargo, al cumplir los 13 años, la menor logró vencer el miedo, rompió el silencio y le pidió ayuda a su abuelo materno para poner fin al tormento.
Tras revelarse la situación, el 3 de septiembre de 2024, la madre de la víctima radicó la denuncia formal ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional VII.
Pruebas contundentes
Durante la etapa de instrucción —dirigida por el juez Miguel Ángel Faría y la fiscal Silvia María Barronis—, la declaración de la víctima en Cámara Gesell fue clave para la causa. En ese espacio, la menor detalló cronológicamente el calvario vivido. Además, las pericias psicológicas del Cuerpo Médico Forense presentadas en el debate confirmaron que la adolescente presenta un severo daño psíquico, con marcados indicadores de angustia y culpa vinculados de forma directa a los abusos.
En la ronda de alegatos, tras escuchar el testimonio de una decena de testigos, el fiscal del tribunal, Vladimir Glinka, había solicitado una pena de 20 años de cárcel. Por su parte, la defensa de la provincia solicitó la absolución por el beneficio de la duda.
Finalmente, los magistrados coincidieron con la calificación legal de la fiscalía y dictaron la condena de 18 años para el imputado.
