Un operativo conjunto dejó al descubierto un indignante escenario de precariedad y explotación en el ámbito rural santiagueño. Decenas de peones, incluyendo menores de edad, fueron hallados viviendo en condiciones infrahumanas, lo que motivó la inmediata intervención de la Justicia Federal y Gendarmería Nacional.
Las exhaustivas inspecciones, llevadas adelante por UATRE, RENATRE y la Secretaría de Trabajo provincial en el establecimiento "San Felipe", revelaron un panorama desolador. En un primer desembarco concretado el 30 de enero, los agentes encontraron a 21 personas —dos de ellas de apenas 17 años— realizando extenuantes tareas de limpieza mientras subsistían en carpas improvisadas, sin baños, cocina ni agua potable. Sumado a este cuadro, los damnificados denunciaron percibir sueldos de miseria, muy por debajo de la escala vigente, y carecer de cualquier tipo de registración.
El agravamiento de la situación
Lejos de cesar con el atropello, una segunda requisa sorpresiva realizada el 2 de febrero desnudó una realidad aún más grave: el número de obreros en el predio trepó a 54, de los cuales solamente uno se encontraba "en blanco". La falta de indumentaria de trabajo adecuada y la ausencia de una vivienda digna seguían siendo la regla general.
En sintonía con las autoridades, desde UATRE, Marcos Barrera exhortó a los peones rurales a romper el silencio y denunciar estas graves irregularidades, mientras el expediente avanza en los despachos federales.
