Una familia de Bahía Blanca atraviesa una verdadera pesadilla financiera y emocional luego de haber salido de garante en la compra de un vehículo para su hijo. Hoy, la Justicia les reclama una deuda que asciende a 200 millones de pesos, producto de cuotas impagas e intereses que, aseguran, alcanzan el 400%.
La protagonista del drama es Liliana Etcheverry, de 56 años, empleada de la Cooperativa Obrera, quien junto a su esposo —trabajador de Prosegur— firmó como garante para que su hijo, Gonzalo López, pudiera acceder a un automóvil. Sin embargo, el joven dejó de pagar y toda la carga recayó sobre sus padres.
“Tenemos un embargo de la concesionaria Lago S.A. Desde hace un año, mi marido y yo pagamos casi 500 mil pesos cada uno por mes, y aun así la deuda no deja de crecer”, relató Liliana, visiblemente angustiada.
La situación económica terminó por romper el vínculo familiar. Según denunció, cuando enfrentó a su hijo por la deuda, la reacción fue violenta:
“Me insultó y quiso pegarme. No puedo esperar nada de él”, confesó.
El impacto emocional fue tal que la mujer debió comenzar tratamiento psicológico por un cuadro depresivo.
Como si el panorama no fuera suficiente, el vehículo ya no puede ser utilizado como respaldo:
“El auto que se podía entregar fue chocado por la mamá de mi nieto, que manejaba alcoholizada”, explicó.
Hoy, Liliana asegura que no se niega a pagar, pero pide condiciones razonables. “Esta deuda es impagable. Es como pagar seis autos cero kilómetro. Así no hay salida”, lamentó.
Desesperada, la mujer lanzó un pedido público de ayuda legal para frenar lo que considera intereses usurarios:
“Necesitamos que esto llegue a un abogado de buen corazón. Me gustaría que sea Fernando Burlando”, concluyó.
