Un efectivo de la policía santafesina que prestaba servicios dentro del Poder Judicial fue detenido e imputado esta semana, luego de ser denunciado por cometer reiterados delitos contra la integridad sexual en perjuicio de al menos siete de sus sobrinos, todos hijos de su propio hermano.
La Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe fue el escenario donde los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández expusieron los elementos probatorios recolectados hasta el momento. A pesar de que los defensores particulares del acusado, Lucía Mognaschi y Raúl Sánchez Lecumberri, intentaron interponer un recurso de prescripción debido al tiempo transcurrido desde los hechos, el juez Nicolás Falkenberg desestimó el planteo. El magistrado consideró que al menos uno de los crímenes presentados sigue plenamente vigente ante la ley y dictó la prisión preventiva del uniformado.
Un secreto familiar que salió a la luz
La causa judicial se activó a partir del testimonio de una de las sobrinas del acusado, quien decidió romper el silencio respecto a los padecimientos que sufrió durante su adolescencia, específicamente entre los 13 y los 15 años. Según la denuncia, las agresiones ocurrían cuando pernoctaba o asistía a la vivienda de su abuela, domicilio que compartía con el imputado.
Si bien la denunciante inicial manifestó que no pretendía forzar a sus hermanos a participar del proceso judicial, las entrevistas posteriores llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Acusación revelaron una situación alarmante: de un total de ocho hermanos, siete (tanto varones como mujeres) confirmaron haber sido víctimas de diferentes tipos de abusos por parte de su tío cuando eran menores de edad.
Los relatos de las víctimas coinciden en que los ataques se camuflaban en un contexto de supuestos juegos infantiles o mientras miraban películas. Los abusos escalaron en gravedad y, en varios casos, incluyeron acceso carnal. Asimismo, los afectados señalaron que el agresor utilizaba amenazas directas para asegurar que el secreto familiar no se filtrara.
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Paradoja institucional y calificación penal
Actualmente, el policía enfrenta cargos sumamente graves: abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el rol de guarda, en concurso real con corrupción de menores. Por razones estrictas de protección y resguardo de la identidad de las víctimas —quienes comparten el apellido del acusado—, el nombre del imputado se mantiene bajo estricta reserva.
El caso generó una fuerte conmoción interna en el ámbito judicial de Santa Fe debido a las tareas específicas que el agente desempeñaba. Según explicaron fuentes ligadas a la investigación, el detenido trabajaba diariamente en el entorno donde se juzgan estos mismos delitos.
"Era la persona encargada de guiar y llevar de la mano a los niños que ingresaban a la Cámara Gesell. Presenció cientos de debates y declaraciones de víctimas que relataban su dolor en primera persona", detalló con indignación uno de los investigadores.
Los pesquisas advierten que, debido a su rol, el sospechoso cuenta con un profundo conocimiento de las dinámicas de los juicios penales, las estrategias que emplean los abogados defensores y la manera exacta en que los peritos y magistrados valoran la evidencia en causas de índole sexual.
