El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero empezó a juzgar al exintendente de la ciudad de Pinto, departamento Aguirre, Emilio Rached; a la exsecretaria de Economía, Ana María Vera; y a un empleado de esa Municipalidad, Diego Kemel, por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad.
El jueves pasado, la Fiscalía Federal leyó la requisitoria de elevación a juicio, en la que expuso 70 actos supuestamente irregulares en los que habrían participado uno, dos o los tres imputados. Hoy está previsto que se inicie la ronda de testigos ante el tribunal integrado por los doctores Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Carina Farías.
De acuerdo con la investigación, la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación había enviado fondos a la Comuna de Pinto para mejorar "la infraestructura básica y el fortalecimiento comunitario en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad". También incluía la construcción de un polideportivo y un sistema de desagües cloacales para toda la ciudad. En la causa, funcionarios nacionales dijeron que habían enviado a la Municipalidad $ 44.325.199,60, de 80.000.000 que estaban previstos; aunque solo se habrían rendido $ 39.813.018,10.
En octubre de 2019, la Municipalidad de Pinto fue intimada a rendir los $ 4.511.881,40 que faltaban, aunque finalmente esto no ocurrió. Todo derivó en una denuncia porque, además, parte de las obras no habrían sido concretadas.
Rached y compañía fueron procesados en febrero de 2021 por el juez federal Nº 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay. Los defensores de los imputados apelaron y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento en julio de ese año. En su resolución sostuvo: "Malversar es invertir mal, distraer los fondos de su destino o darles una indebida aplicación. En el caso traído a consideración, se advierte que de manera correcta el Sr. juez instructor entendió que los imputados Rached y Vera habrían dado parte de los desembolsos efectuados por el Estado Nacional para la ejecución de las obras públicas acordadas, un destino distinto al que fuera convenido, no evidenciándose que el desvío de los fondos haya estado motivado en la necesidad de cubrir déficits de partidas en áreas sensibles para la comunidad de Pinto y que resultaran imprescindibles a los fines de evitar graves daños".
Añadió: "En conclusión, englobando las tres figuras penales que se imputan, no cabe duda alguna de que Rached, en el carácter de intendente de la ciudad de Pinto, tenía la responsabilidad directa en la administración, ejecución y supervisión de las obras, siendo él quien debía resguardar el principio de responsabilidad administrativa y de manejo transparente de los fondos públicos. En tanto que la imputada Vera, en carácter de secretaria de Economía de dicho Municipio, era la responsable directa sobre la administración de los fondos y quien debía garantizar la legalidad en la ejecución de la obra".
