La causa Cautelares, uno de los expedientes judiciales de mayor impacto institucional de los últimos años en Santiago del Estero, volvió a quedar en el centro de la escena. La Cámara de Apelaciones y de Control en lo Penal rechazó los recursos interpuestos por las defensas y ratificó las condenas impuestas en el juicio oral por maniobras fraudulentas vinculadas al uso irregular de medidas cautelares.
La resolución alcanza al empresario Luis Manuel Pericás ("El Maestro del Delito") y a los exjueces Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno, además del exempleado judicial Eduardo Antuz. Según la información judicial difundida, las penas confirmadas llegan hasta los cuatro años y seis meses de prisión, junto con sanciones de inhabilitación para quienes ocuparon cargos en la estructura judicial.
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El eje del expediente fue la utilización de resoluciones judiciales que, de acuerdo con la acusación y el fallo condenatorio, permitieron ordenar embargos millonarios sobre fondos pertenecientes al Estado tucumano. Para el Ministerio Público Fiscal, la investigación se originó en 2016 a partir de una denuncia formulada por la Fiscalía de Estado de Tucumán, luego de que exmagistrados santiagueños dispusieran medidas cautelares que derivaron en embargos superiores a los diez millones de pesos.
El tribunal de juicio había considerado acreditada la responsabilidad penal de los acusados. En aquella instancia, Pericás fue señalado como autor de defraudación calificada en perjuicio de la administración pública, mientras que los exjueces fueron vinculados a los delitos de prevaricato y defraudación calificada en carácter de partícipes necesarios.
Con la decisión de la Cámara, el proceso queda prácticamente firme en la instancia ordinaria, sin perjuicio de las eventuales vías extraordinarias que pudieran intentar las defensas. En términos concretos, el fallo refuerza la gravedad institucional del caso: no se trató solamente de una discusión patrimonial, sino de una maniobra que puso bajo sospecha el uso de herramientas judiciales para favorecer intereses privados y afectar recursos públicos.
La causa tuvo un largo recorrido procesal. En 2016, Nuevo Diario había informado sobre la detención de Pericás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de haber sido requerido por la Justicia santiagueña en el marco de la denuncia presentada por Tucumán. En ese momento se lo vinculaba a delitos como defraudación calificada y cohecho agravado.
Años después, el juicio oral terminó con condenas contra Pericás, los tres exjueces y el exempleado judicial. Ahora, la ratificación de la Cámara cierra una etapa clave de un expediente que durante casi una década combinó planteos defensivos, recusaciones, nulidades, excarcelaciones, apelaciones y una fuerte discusión sobre los límites del poder judicial cuando sus decisiones se apartan de la ley.
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