El Tribunal que intervino en la causa N° 2224/2023 dispuso la inmediata detención de Carlos Alberto Albarracín, quien había sido condenado a diez años de prisión efectiva por un hecho de violencia de género agravada por el uso de armas de fuego.
La decisión se adoptó tras revocar la excarcelación de la que gozaba el imputado, al considerar que existe un “aumento cierto y objetivo del peligro de frustración del proceso”, conforme a lo dispuesto por los artículos 212 inciso 5 y 398 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Santiago del Estero.
El fallo destacó que Albarracín influyó sobre las víctimas para que se retractaran de sus denuncias, lo que evidencia, según los jueces, su capacidad de manipulación y la persistencia del riesgo. Además, el tribunal remarcó que el imputado desobedeció medidas judiciales como la prohibición de acercamiento hacia su ex pareja y mantuvo conductas amenazantes e intimidatorias.
El documento judicial también cita la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, recordando que los operadores judiciales tienen el deber de prevenir y erradicar toda forma de violencia.
En sus fundamentos, los magistrados describieron el accionar del condenado como “inusitadamente peligroso y desproporcionado”, teniendo en cuenta el uso de armas, la cantidad de disparos y la persistencia de su conducta incluso cuando el arma fallaba.
Finalmente, el tribunal ordenó que Albarracín sea trasladado de inmediato a un establecimiento penitenciario, en cumplimiento de la sentencia condenatoria y de las medidas de protección vigentes para las víctimas.
