La fiscal Celia Inés Mussi solicitó ayer la prórroga de la detención de cuatro cordobeses, dos hombres y dos mujeres, implicados en una estafa de casi 8 millones de pesos perjudicando a la defensora oficial Adriana Bóbboli.
La representante del Ministerio Público resaltó la existencia de peligros procesales, la multitud de implicados en el delito y el hecho de que aún faltan medidas de pruebas a producir, las cuales —en libertad— los imputados podrían obstaculizar.
Los abogados Jorge Paz y Gilberto Perduca, defensores del imputado Axel Ignacio Quintero, se opusieron a la petición de la fiscal. Solicitaron la liberación de su representado argumentando que su única relación con el caso es que uno de los implicados le transfirió 35.000 pesos a su cuenta para pagar una deuda de perfumes, productos que vende su esposa.
Otros planteos
Los Dres. Martín Rojas Verón y Martina Magnone, defensores de la gendarme Vanesa Rosales, pidieron la excarcelación o la prisión domiciliaria para la acusada, quien tiene hijos menores a su cargo. Subrayaron que su cliente solo facilitó el número de cuenta, sin conocer que sería utilizado para una estafa.
Finalmente, los Dres. Sandra Trejo y Miguel Torres, defensores de Julio Córdoba y Cinthia Sosa, también solicitaron la liberación de sus representados.
Tras escuchar los argumentos de todas las partes, la Dra. Érika Casagrande Valdueza, jueza de Control y Garantías, decidió posponer la resolución y la dará a conocer por escrito en los próximos días.
La Dra. Adriana Bóbboli, quien es querellante en el caso, asistió a la audiencia y respaldó la solicitud de la fiscalía.
