Un subcomisario y un oficial subinspector de la Policía, actualmente detenidos por estar acusados de vender teléfonos celulares relacionados con distintas causas judiciales en calidad de secuestro, seguirán privados de su libertad. Esta decisión viene tras la orden de prisión preventiva por un año dictada por la Dra. María del Huerto Bravo, jueza de Control y Garantías para la Circunscripción Capital.
Esta medida fue solicitada por el Ministerio Fiscal, representado por las Dras. Cecilia Larred y Nair González Azar. Se les impuso a Ezequiel de Jesús Guzmán, ex segundo jefe del Departamento de Ciberseguridad, y al oficial Nahuel Jesús Flekenstein Díaz. A ambos se les imputa por los presuntos delitos de peculado, violación de deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.
Inicio de la causa
La causa contra los acusados se inició en diciembre del año pasado, luego de que se detectara la falta de más de una decena de teléfonos celulares de alta gama (iPhone) que debían estar bajo custodia de dicha dependencia policial. Estos teléfonos estaban afectados a las investigaciones por distintos ilícitos y debían ser sometidos a pericias.
Según se pudo determinar, los costosos dispositivos móviles habrían sido ofrecidos y vendidos mediante publicaciones en redes sociales, como Facebook. Las investigaciones lograron detectar operaciones que habría realizado Lucía Coronel, esposa de Guzmán, utilizando plataformas de pago para recibir los pagos mediante transferencias.
Ello motivó un allanamiento en el domicilio de Guzmán, situado en el barrio Lomas del Golf de la Capital, así como también las detenciones de ambos efectivos.
En una audiencia realizada el último jueves, la fiscalía solicitó la imposición de la medida coercitiva por el plazo de ley, de dos años, a lo cual las defensas de ambos acusados se opusieron, solicitando la falta de mérito y la excarcelación de sus defendidos.
La magistrada decidió posponer para el día siguiente la resolución a dichos planteos. Ayer anunció su decisión de imponer prisión preventiva por un año para los acusados, cuyos defensores ya han anticipado que apelarán la resolución.
