El juez de Control y Garantías, Dr. Sergio Guillet, admitió ayer las pruebas presentadas por la fiscalía, elevó la causa a juicio oral y ordenó que se le extendiera la prisión preventiva a un vecino del barrio La Católica. La resolución recayó en Ramón Antonio Díaz, más conocido como "Moto", quien se encuentra privado de la libertad por el delito de robo calificado en perjuicio de un menor.
En octubre de 2025, el Tribunal de Apelaciones había resuelto rechazar el recurso presentado por la defensa y confirmar la prisión preventiva por el plazo de ley de dos años dispuesto por el juez de Control y Garantías.
La causa se inició a partir de la denuncia de un jefe policial. De acuerdo con la investigación policial y judicial, el 26 de abril de 2025, un adolescente oriundo de Añatuya caminaba por el Parque Aguirre. El menor se dirigía a ver un partido de rugby en un predio deportivo donde iba a jugar un equipo de la ciudad cabecera del departamento Taboada. En esa circunstancia, sobre la calle Pastor Mujica y en inmediaciones de un club de rugby santiagueño, el añatuyense fue interceptado por un sujeto que le pidió que le prestara el celular para comunicarse por una emergencia. El adolescente le cedió el aparato que pertenecía al jefe policial, con quien mantiene una relación de amistad. El denunciante le había prestado su celular para que tuviera datos móviles al movilizarse por Santiago.
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De acuerdo con la investigación, el individuo supuestamente era "Moto" Díaz, quien comenzó a alejarse del menor. La víctima trató de recuperar el celular, pero el sujeto extrajo un cuchillo y amenazó con herirlo. Seguidamente, el asaltante se dio a la fuga con el dispositivo móvil.
El menor había logrado filmar con otro celular al sospechoso cuando manipulaba el aparato que le había prestado. El video sirvió para iniciar la investigación que terminó con la detención de Díaz. El teléfono aún no fue recuperado.
Durante la audiencia, la fiscal Luján González Garay había requerido la prórroga de la medida coercitiva, que la causa se elevara a juicio oral porque había finalizado la investigación penal preparatoria (IPP) y se admitieran las pruebas presentadas.
Por su parte, la defensa había pedido el cese de la prisión preventiva y el tratamiento ambulatorio del acusado, lo que fue rechazado por el magistrado.
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