En una reciente audiencia, la jueza de control y garantías con competencia en lo penal juvenil, Erika Casagrande, dictaminó la aplicación del Régimen Penal de la Minoridad por seis meses para un joven de 16 años, acusado de tenencia, producción y facilitación de pornografía infantil. Además, se le imputa abuso sexual con acceso carnal a dos niñas de 5 y 6 años.
La magistrada estableció un plazo de seis meses durante los cuales el adolescente, bajo la modalidad intramuro, tendrá a disposición un equipo interdisciplinario brindando asistencia en el Centro NEXO.
Ante la gravedad del caso, la defensa del acusado no se opuso al planteo fiscal. Indicó que el joven se encuentra en una situación de crisis, por lo que la jueza determinó que el menor recibirá abordaje terapéutico durante este periodo en el Centro de Abordaje y Responsabilidad Adolescente.
El delito del que se acusa al joven es parte de un procedimiento llamado "Operación Silencio Cero – Infancia Segura en entornos digitales".
Esta investigación se inició tras un reporte de organismos internacionales que detectaron tráfico de contenido prohibido originado en la zona.
El allanamiento condujo al arresto no solo del principal acusado, sino también de dos adultos de su entorno familiar directo: su madre (51), quien sería la "mae" umbanda de un templo que funcionaría en su domicilio en B° Juan Díaz de Solís, y su padrastro (58), un hombre jubilado que residía en la misma vivienda.
La resolución sobre la causa que involucra a ambos adultos será tratada en un proceso judicial aparte en los próximos días. Se tomarán otras medidas relacionadas con la investigación del presunto ilícito, tales como la citación de testigos y el análisis de pruebas recolectadas. Entre ellas, más de 30 dispositivos electrónicos posiblemente utilizados para la comisión de los delitos y ropa de las víctimas, las cuales ya han sido identificadas.
