El crimen que conmocionó a la localidad bonaerense de Coronel Suárez dejó al descubierto un entramado de violencia previa, denuncias y decisiones judiciales que no lograron detener la escalada. Gustavo Suárez, de 48 años, asesinó a su hijo de cuatro años y luego se quitó la vida en la madrugada del martes. Antes del hecho, dejó una carta dirigida a su expareja, Daiana García, y publicó mensajes en su estado de WhatsApp anticipando lo que planeaba hacer.
De acuerdo con el parte policial, existían antecedentes de violencia familiar entre Suárez y García. El 7 de noviembre, la mujer había presentado una denuncia acompañada de un pedido de restricción de acercamiento. Sin embargo, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del juez Alberto Antonio Manzi, rechazó la medida cuatro días después, derivó el expediente al Juzgado de Paz y dispuso la intervención del Servicio Social local.
Ese mismo día, el Servicio Local de Protección solicitó medidas específicas para resguardar al niño. El 14 de noviembre, el Juzgado de Paz dictó un “cese de medidas de perturbación” y mantuvo el vínculo del menor con su padre, argumentando que no existía un riesgo extremo. A ello se sumó que las cautelares previas estaban vencidas desde el 4 de diciembre, lo que dejó sin protección activa tanto a la madre como al menor.
En la madrugada del crimen, Suárez llamó a García para advertirle que estaba detenido sobre la ruta 60, cerca del acceso a Huanguelén, y que mataría al niño antes de quitarse la vida. Para cuando la mujer logró dar aviso, ya era tarde.
Antes del desenlace, Suárez dejó una carta extensa donde manifestó reproches y frases que revelan una intención premeditada. “Nos vamos con Fran así estás tranquila”, escribió. “Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré… Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos”. También añadió: “Vos no lo vas a volver a ver nunca más” y “No vale la pena despedirnos, porque no te lo merecés”.
La causa quedó en manos de la UFI N°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que ahora investiga no solo el homicidio seguido de suicidio sino también la cadena de decisiones judiciales, administrativas y de protección que, pese a las reiteradas alertas, no lograron evitar el riesgo extremo que pesaba sobre el niño.
