Un grave episodio de violencia fue denunciado el pasado 31 de enero en la Comisaría Comunitaria N.° 12, donde una vecina de la localidad de El Polear relató haber sido víctima de un ataque ocurrido en su domicilio, que incluyó ingreso ilegal, amenazas, daños materiales y lesiones físicas.
La denunciante, C.D., de 50 años, indicó que alrededor de las 15.40, mientras realizaba tareas de limpieza en su propiedad ubicada en calle Gerónimo Reborato y pasaje Suri Pozo, un hombre de apellido Ulrich, acompañado por su pareja y un grupo de mujeres —algunas de ellas menores—, irrumpió de manera violenta en el lugar.
De acuerdo con la presentación judicial, los involucrados comenzaron a proferir insultos y amenazas, y al solicitarles que se retiraran, la situación se tornó aún más violenta. Una de las mujeres habría provocado importantes daños en la camioneta de la propietaria utilizando una maza, rompiendo vidrios y la luneta trasera, hechos que estarían registrados en un video. Luego, intentó agredir físicamente a la damnificada.
La denuncia señala que varias mujeres atacaron a Díaz con golpes de puño, patadas y arañazos, causándole lesiones en distintas partes del cuerpo, especialmente en el rostro. Durante el ataque, Ulrich habría filmado la escena e incentivado a que continuaran las agresiones. El violento episodio cesó con la llegada del personal policial, aunque incluso en presencia de los efectivos, los agresores habrían continuado con amenazas, asegurando que regresarían al lugar.
La mujer manifestó además que no se trata de un hecho aislado, ya que existirían antecedentes de conflictos con el denunciado y su pareja desde el año 2024, incluso con medidas judiciales vigentes. También sostuvo que el ataque habría sido organizado previamente y que las agresoras aparentaban encontrarse bajo los efectos de sustancias.
Finalmente, en la denuncia se dejó constancia de que, durante el procedimiento policial, el acusado habría amenazado al personal interviniente, filmándolos y advirtiendo que iniciaría acciones contra ellos, solicitando además que no se actuara sobre las menores involucradas.
El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal Banda-Robles, a cargo de la Dra. María Montes, que investiga los hechos y las responsabilidades correspondientes.
