Tras un fin de semana de violencia contra las comunidades originarias, con heridos y detenciones arbitrarias, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lanzó acusaciones infundadas contra el Gobierno nacional, Milagro Sala y "los kirchneristas y la izquierda", alegando que incentivaron y financiaron las protestas en la provincia.
A pesar de estas acusaciones mediáticas, Morales defendió el artículo de la nueva constitución que prohíbe los cortes de ruta, argumentando que "no es un derecho cortar las rutas" y que este debate debería tener lugar a nivel nacional.
Sin embargo, el gobernador Morales no mencionó las detenciones arbitrarias de periodistas que cubrían la protesta, ni las de un turista, una madre con su hija y una mujer impedida de amamantar. En cambio, se centró en denunciar una supuesta "intervención del Gobierno Nacional para generar caos, financiando el conflicto", una versión que difundió en las redes sociales con el respaldo de dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio.
Morales reafirmó estas acusaciones al hablar sobre la visita del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, afirmando que "llegó en un avión con ocho funcionarios más para incentivar el conflicto". Pietragalla visitó a los detenidos en el penal de Alto Comedero, se reunió con representantes de las comunidades originarias en la ruta y solicitó una reunión con el gobernador, quien afirmó que se le negó.
El gobernador jujeño también volvió a señalar, sin pruebas, a la dirigente Milagro Sala, quien está detenida desde 2016, como la responsable de "financiar el conflicto" y opinó que debería estar en prisión en lugar de estar en su casa. Además, Morales afirmó que "el gobierno nacional está financiando a gremios para que no disminuyan la conflictividad". Curiosamente, los gremios docentes provinciales, que protestaron durante diez días contra la reforma constitucional y por mejores salarios, convocaron a un nuevo paro para esta semana.
Cuando se le consultó, Morales también identificó a la diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos) como una persona cercana a Sala presente en los cortes de ruta y afirmó que ella y otras personas "serán multadas con más de un millón y medio de pesos" por su participación en los cortes, limitando así la protesta social. Morales había intentado imponer este límite mediante un decreto la semana pasada.
Moisés fue parte de la delegación que visitó a las personas aún detenidas en el penal de Alto Comedero y en una entrevista con Radio 10 calificó de "reaccionario" el capítulo de la reforma que limita el derecho a la protesta. Denunció que detrás de la represión a las comunidades originarias subyace "la explotación de litio" y advirtió que son pocos los dirigentes políticos que están apoyando las protestas.
En cuanto a la prohibición de cortes de calles, rutas y tomas de edificios públicos establecida en la reforma constitucional, Morales reconoció y defendió esta medida, argumentando que "el Estado debe regular el derecho a la protesta, que no es absoluto, para evitar la colisión con otros derechos". Morales recordó que la reforma fue votada por unanimidad por los 41 convencionales presentes, incluyendo a representantes del partido peronista, a excepción de seis convencionales del Frente de Izquierda y contando con la ausencia de solo uno.
El gobernador rechazó las acusaciones de que la represión y la prohibición de la protesta sean un "laboratorio" de lo que podría ser una futura gestión presidencial de Juntos por el Cambio. Sin embargo, dio indicios sobre los cambios al reconocer las multas millonarias para aquellos que participaron en los cortes, la idea de notificar con 48 horas de anticipación las manifestaciones, y enfatizó: "El tema de los cortes de ruta debe ser parte del debate nacional".
Como ejemplo negativo y acusación contra el gobierno nacional, Morales compartió en la entrevista un supuesto diálogo entre dos oficiales de la Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad, en el que "les dijeron a personas que estaban al costado de la ruta que tenían la orden de no intervenir y que estuvieran tranquilos". Según Morales, esto demuestra que "se busca replicar un modelo de violencia que nosotros rechazaremos".
Entre los apoyos que recibió Morales en las últimas horas se encuentra el de la ex ministra de Seguridad y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, quien durante su gestión utilizó a la Gendarmería para reprimir los cortes, como en el caso de Santiago Maldonado. Morales insistió en que lo que está sucediendo en Jujuy es parte de un debate que se está llevando a cabo a nivel nacional sobre los límites de la protesta, y afirmó que "el kirchnerismo, la izquierda y el Polo Obrero quieren la violencia, esa es su consigna".
Respecto a los derechos de las comunidades originarias, Morales reconoció que están buscando fortalecer el diálogo con las comunidades que han sido desinformadas y trató de defender la reforma constitucional como una que busca ampliar los derechos. Comparó la nueva carta magna con la reformada en 1986 y mencionó las incorporaciones al texto provincial, como el reconocimiento del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, y la inclusión del principio de consulta previa e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue sancionado en 1989.
Estos son derechos indígenas reconocidos a nivel nacional, que las comunidades originarias en todo el país denuncian que no se cumplen. En el caso particular de Jujuy, hay cerca de 400 comunidades originarias, pero muy pocas han logrado el reconocimiento de la titularidad de sus tierras. Este debate tuvo lugar a fines de noviembre de 2021 con la prórroga de la Ley de Emergencia de los Territorios Indígenas, que el gobierno nacional extendió mediante decreto.
Morales afirmó en la entrevista con Radio Mitre que "185 comunidades han participado" en el proceso de reforma constitucional. Sin embargo, las marchas en contra del cambio en la carta magna generaron masivas movilizaciones de las comunidades originarias, que culminaron en un Tercer Malón de la Paz en la capital jujeña el pasado viernes. El artículo que rechazan las comunidades es el 36, que pone en tensión los derechos de los emprendimientos privados que obtienen títulos de tierras reclamadas por las comunidades.
"Convocamos a todos estos violentos a que abandonen su actitud", insistió Morales en la entrevista, haciendo caso omiso de las demandas de las comunidades. Además, mencionó específicamente el caso de La Quebrada, donde se llevó a cabo el principal corte y el operativo represivo. Destacó que se ha incrementado la actividad turística en la región, pasando de 18.000 a 25.000 trabajadores en La Quebrada. Sin embargo, Morales omitió las preocupaciones planteadas por las comunidades sobre el desconocimiento de la titularidad de sus tierras y el avance de los emprendimientos de litio en las salinas.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció este lunes por la noche que dos artículos de la nueva Constitución provincial volverán a su vieja redacción porque generan “dudas” en las comunidades indígenas que protagonizaron protestas el último fin de semana, que derivaron en detenidos y heridos. En paralelo, denunció que el Gobierno envió infiltrados a la provincia y que los financia para agitar las protestas.
“Vamos a ceder en el planteo que hacen las comunidades y vamos a volver al viejo texto [por el de la Constitución provincial de 1986], con lo cual va a tener que haber una reconsideración del artículo 50, para que en el futuro todo lo que se haga, que ya ha sido consultado, quede en claro. Queremos el consenso total”, subrayó Morales en una conferencia de prensa en la que aclaró que no se modificarán los artículos que prohíben los cortes de ruta como modalidad de protesta.
“El artículo 36 también vuelve a la vieja redacción. Vamos a plantear la reconsideración de esos artículos”, sostuvo el gobernador. El artículo 50 establece “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”, mientras que el 36 consigna los incisos referidos a “la propiedad privada”.
El gobernador apuntó en la conferencia de prensa contra el gobierno nacional. “Desde hace un mes que vienen a agitar de algunas organizaciones, mandados y pagados por el gobierno nacional”, denunció Morales. Resaltó que la Constitución reformada “genera más derechos” y que “les están mintiendo a las comunidades todos los que quieren la violencia”.
