La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Daniela Águila, criticó con dureza al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras la viralización de una situación en la que el funcionario habría menospreciado los derechos de un niño con autismo y de su familia durante una conversación pública. La funcionaria provincial expresó su profunda preocupación en el programa "Actualidad Política", de Radio LV11, y advirtió sobre un escenario de creciente vulneración de derechos bajo la actual gestión nacional.
“¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”. Esa fue la respuesta del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Sus interlocutores eran Ian Moche, de 12 años, diagnosticado con autismo, y su mamá, Marlene Spesso.
“Lo que hizo con esta familia es una falta de respeto. No sé qué hace este señor todavía al frente de la Dirección Nacional de Discapacidad. Es cruel”, manifestó Águila, al referirse a los dichos del funcionario nacional, quien le habría dicho a una madre que “si tu hijo tiene discapacidad, es un problema de tu familia, no del Estado”. La declaración, realizada en presencia del niño, generó una fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos y sectores vinculados a la discapacidad en todo el país.
La secretaria sostuvo que esta afirmación “no solo ignora la responsabilidad estatal, sino que también niega principios fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhirió en 2008 y que tiene rango constitucional”.
“No son un problema, son sujetos de derecho”
Durante la entrevista, Águila explicó que las personas con discapacidad no son un problema, y que las verdaderas dificultades surgen al momento de acceder a derechos básicos como salud, educación o inclusión laboral. “El problema está en nosotros como sociedad, en la mirada discriminadora y excluyente que muchas veces adoptamos”, señaló.
Respecto al caso del adolescente involucrado, la funcionaria destacó que “es un joven brillante, con autismo de alto funcionamiento, que desde los nueve años es influencer y educa a la sociedad explicando en primera persona qué significa vivir con esta condición”. Y agregó: “Lo que se hizo fue violentarlo, y también vulnerar sus derechos como niño y adolescente”.
Denuncias ante organismos nacionales
Ante la gravedad del caso, Águila anunció que diversas organizaciones y referentes de derechos humanos preparan una denuncia formal ante organismos nacionales, y pidió la remoción del funcionario: “No puede estar al frente de un organismo que debe garantizar inclusión e igualdad, alguien que desconoce por completo de qué está hablando”.
La secretaria también advirtió sobre una preocupante tendencia del gobierno nacional en relación con la discapacidad: “Desde que asumió el presidente Milei, se dieron de baja la mayoría de las políticas públicas de protección a las personas con discapacidad”.
Emergencia y auditorías compulsivas
En la entrevista, Águila se refirió al proyecto de ley impulsado por el diputado Daniel Arroyo para declarar la emergencia en discapacidad, una medida que permitiría frenar el deterioro de derechos como acceso a medicamentos, tratamientos oncológicos, transporte, pensiones y coberturas escolares. “Los prestadores de discapacidad llevan más de seis meses sin cobrar. Los medicamentos no llegan. No se transfieren fondos. La situación es insostenible”, denunció.
Además, cuestionó el envío masivo de cartas documentos a personas con pensiones no contributivas por discapacidad, intimándolas a presentar nuevamente toda la documentación médica bajo plazos breves: “Esto es una maniobra de desgaste que apunta a recortar derechos por vía administrativa. No es solo un trámite: implica informes, turnos con especialistas, visitas de trabajadoras sociales, y mucho más”.
La funcionaria alertó que muchas de estas pensiones corren riesgo de ser dadas de baja si los plazos no se cumplen, y recomendó a quienes hayan recibido estas notificaciones que pidan prórrogas, se asesoren y no se queden en silencio. “El Estado no puede jugar al desgaste. Tiene que acompañar, no excluir”, sostuvo.
Preocupación por un posible traspaso de funciones
Finalmente, Águila advirtió que circula un borrador de decreto que trasladaría a las provincias todas las responsabilidades sobre la cobertura educativa y de cuidado de personas con discapacidad, incluyendo las maestras integradoras y personal de apoyo.
“Si se concreta, será otro paso en la desresponsabilización del Estado nacional. El mensaje es claro: quieren sacarse de encima las obligaciones. Esto no es solo preocupante, es peligroso”, concluyó.
