La Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santiago del Estero, Dra. Daniela Águila, expresó un contundente repudio al veto total firmado por el presidente Javier Milei contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente aprobada por unanimidad en el Senado. En una emotiva entrevista en el ciclo “Actualidad Política” de Radio LV11, Águila denunció que el gobierno nacional está “desmantelando las políticas públicas de protección” y que “las personas con discapacidad están siendo tratadas como descartables”.
La funcionaria calificó de “gravísimo” el veto presidencial, no solo por su impacto concreto sobre miles de familias, sino también por los términos utilizados por el mandatario para justificarlo. “Como Secretaria de Derechos Humanos tengo la obligación ética, política y humana de alzar la voz por aquellos que hoy no tienen voz. Es inadmisible que el presidente califique de genocidas a quienes aprobaron esta ley. Esa expresión es impropia de un jefe de Estado en democracia”, señaló.
Una ley necesaria frente a una crisis estructural
Águila explicó que la ley vetada proponía declarar la emergencia en discapacidad durante dos años, hasta 2027, e incluía medidas urgentes como la regularización del sistema de pensiones, la actualización de aranceles para prestadores, y la protección del empleo formal para personas con discapacidad. Todo ello en un contexto en el que se están cerrando centros de atención, terapeutas renuncian por falta de pagos, y miles de personas están recibiendo cartas documento exigiendo renovar trámites bajo amenaza de perder sus pensiones.
“En Santiago del Estero, más de 5.500 personas recibieron esas cartas documento. Muchas están en riesgo de perder sus ingresos. No se están aprobando nuevas pensiones. Los prestadores están con aranceles desactualizados. Y los centros de atención están a punto de cerrar”, detalló.
Uno de los puntos más sensibles de la ley, explicó Águila, era la compatibilidad entre trabajo formal y pensión. “Conocemos muchos jóvenes que se niegan a ser registrados formalmente en empleos temporarios porque perderían la pensión. La ley buscaba corregir esa injusticia”, afirmó.
“¿Quién se hace cargo si no es el Estado?”
La titular de Derechos Humanos alertó sobre el riesgo de exclusión escolar y sanitaria para niños, adolescentes y adultos con discapacidad si la ley no se aprueba finalmente. “Están en juego los tratamientos, la educación, la inclusión en la vida. ¿Quién se hace cargo si no es el Estado? ¿El mercado?”, se preguntó con tono crítico.
En otro tramo de la entrevista, recordó que el presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una reunión con una madre de un adolescente con autismo, llegó a decirle: “Si tenés un hijo con discapacidad, el problema no es del Estado, es tuyo”. Águila calificó esa postura como inhumana y cruel, y aseguró que “nunca había visto tanto ensañamiento con las personas más vulnerables”.
“No hay plata”: la excusa que indigna
Consultada por el argumento del presidente Milei, quien sostuvo que mantener la ley generaría un desequilibrio fiscal, Águila desmintió esa afirmación: “El gasto que implicaría la ley no llega al 0,03% del PBI, según estimaciones serias. Sin embargo, el presidente sostiene que sería del 3%. Es una excusa injustificable”.
“Yo también tengo un hijo con discapacidad”
Con voz entrecortada, Águila compartió un costado personal: “Tengo un hijo con discapacidad. Lo que está pasando me toca profundamente. Nunca vi tanto ensañamiento con las personas que más necesitan del Estado. La incertidumbre que viven las familias es angustiante”.
La funcionaria confirmó que participará de la movilización nacional en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que se llevará a cabo este miércoles al mediodía, organizada por organizaciones sociales y familiares.
Camino al Congreso… y al poder del voto
Finalmente, la secretaria hizo un llamado a los legisladores a insistir con la ley en el Congreso. “Necesitamos que se apruebe por mayoría especial. El presidente ya anunció que si se aprueba de nuevo, la judicializará. Pero nosotros también tenemos un poder: el voto. En octubre, la ciudadanía puede expresar su rechazo de manera democrática”, concluyó.
