La Policía Bonaerense allanó el domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica (CC) y uno de los principales denunciantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un operativo que generó fuerte repudio político. Desde la fuerza opositora denunciaron que se trató de un “procedimiento mafioso” destinado a intimidar y silenciar al dirigente.
El allanamiento fue solicitado por el fiscal Germán Camafreitas y autorizado por el juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, en el marco de una investigación por un presunto robo o hurto. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y diversa documentación.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó duramente el accionar judicial y calificó el operativo como “mafioso”, al tiempo que se trasladó al domicilio para acompañar a la familia del dirigente.
Al momento del allanamiento, Yofe se encontraba en la ciudad de Mar del Plata. En la vivienda permanecían su esposa y su hija de cuatro meses. Según denunciaron desde la CC, el operativo fue “violento y brutal”, y aseguraron que los efectivos no habrían exhibido la orden judicial al ingresar.
“Cruzaron un límite, que es mi familia. Amenazaron a mi esposa, se metieron en mi casa de manera totalmente irregular”, sostuvo Yofe en declaraciones radiales. Desde su entorno indicaron además que la mujer fue amenazada con ser detenida y separada de su bebé.
Carrió fue aún más contundente al referirse a lo sucedido: “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, afirmó, y respaldó públicamente a Yofe y a su familia.
Desde la Coalición Cívica sostienen que el allanamiento está directamente vinculado con las denuncias que el dirigente impulsa contra la AFA, en particular por una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares. Según el espacio político, el verdadero objetivo del procedimiento habría sido incautar información sensible contenida en los dispositivos electrónicos secuestrados.
En un comunicado, allegados a Carrió señalaron que “cuando se avanza contra negocios oscuros, aparecen este tipo de maniobras”, y advirtieron sobre una presunta utilización del sistema judicial para amedrentar a denunciantes.
Mientras crece la polémica, la causa principal vinculada a la quinta de Pilar continúa bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky, donde se llevan adelante peritajes para determinar el valor real del inmueble. El episodio abrió un nuevo frente de tensión entre la Coalición Cívica, la Justicia y los sectores denunciados.
